Cumbre UE.- Los 27 aceptan la exigencia de Irlanda de blindar las garantías para convocar un nuevo referéndum

BRUSELAS 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 aceptaron hoy la exigencia de Irlanda de blindar las garantías jurídicas que la UE ofrecerá a Dublín para que pueda convocar un segundo referéndum sobre el Tratado de Lisboa, que probablemente se celebrará en septiembre u octubre, según anunciaron fuentes diplomáticas. Estas garantías acabarán incluyéndose en un protocolo con el mismo valor jurídico que los Tratados.

El acuerdo a 27 fue posible después del pacto alcanzado a primera hora de la mañana entre el primer ministro irlandés, Brian Cowen, y su homólogo británico, Gordon Brown. Brown aseguró entonces a Cowen que Londres no se opondría a este protocolo. Reino Unido, junto con otros países como Polonia o Países Bajos, era reticente inicialmente a esta solución porque temía reabrir el debate sobre la ratificación del Tratado de Lisboa.

Sin embargo, el primer ministro irlandés dirigió este jueves una carta a sus homólogos europeos en la que les pedía las garantías jurídicas adopten la forma de un protocolo adjunto a los Tratados. "Esto es necesario si quiero convocar, y ganar, un segundo referéndum", afirmaba en la misiva.

Finalmente, los líderes europeos se pliegan a las exigencias de Dublín. Este viernes aprobaron una decisión del Consejo Europeo que contiene estas garantías, que será jurídicamente vinculante y que entrará en vigor cuando se empiece a aplicar el Tratado de Lisboa sin necesidad de ninguna ratificación.

Pero los Veintisiete se comprometen a demás a que estas garantías acaben incluyéndose en un protocolo, que podría adjuntarse por ejemplo al Tratado de Adhesión de Croacia para su ratificación en 2010 o 2011. Una solución similar se adoptó con las garantías que se dieron a Dinamarca después de que votara 'no' al Tratado de Maastricht en 1992.

Las garantías dejan claro que, tras la entrada en vigor de Lisboa, se respetará la neutralidad militar irlandesa, los temas de fiscalidad seguirán sometidos a la regla de unanimidad y la UE no abordará la cuestión del aborto. Además, no se reducirá el tamaño de la Comisión Europea, como preveía este Tratado, sino que seguirá habiendo un comisario por país. Junto a estas garantías, se aprueba una declaración sobre los derechos de los trabajadores y la política social.