Davutoglu presenta un nuevo paquete de medidas dirigido a reforzar la seguridad

La Unión Europea y Estados Unidos muestran su desconcierto ante las políticas represivas

ANKARA, 21 Oct. (Reuters/EP) -

El primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, ha anunciado este martes una legislación en materia de seguridad tras las mortales protestas de este mes, mientras los opositores denuncian que el Gobierno está utilizando las revueltas para afianzarse en el poder.

Cerca de 40 personas murieron en los enfrentamientos del sureste de Turquía después de que los manifestantes kurdos tomaran las calles para expresar su furia ante el destino de la localidad de Kobani, en la frontera siria, sitiada por el Estado Islámico desde hace un mes. Las revueltas han recordado a los levantamientos violentos protagonizados por los insurgentes turcos durante tres décadas y a las protestas contra el Gobierno del año pasado.

Davutoglu ha asegurado que "si hay gente que quiere revivir estos acontecimientos, el Estado y la nación tienen el poder para ponerlos en su lugar". "Cuando llevas un cóctel molotov en la mano, el derecho de asamblea y protesta termina y empieza un acto de violencia", ha precisado el primer ministro, que ha añadido que "cualquier acto que se convierta en violencia se considerará un delito".

Bajo esta nueva normativa, que se presentará pronto en el Parlamento, aquellos que participen en protestas violentas se enfrentarán a largas penas de cárcel y los manifestantes que lleven la cara cubierta serán considerados "posibles criminales". Además, la Policía tendrá potestad para detener a los sospechosos durante 24 horas y con la orden de un fiscal se podrá extender hasta 48. Hasta ahora, se requería su consentimiento para detener a una persona durante todo un día.

Las autoridades del Gobierno han insistido en que los cambios son necesarios para mantener el orden y Davutoglu ha recalcado que la nueva ley está en línea con los estándares europeos. No obstante, los críticos sostienen que el país avanza hacia un estado policial y señalan que, desde el año pasado, las leyes aprobadas por el Gobierno han endurecido el control de las fuerzas de seguridad, la Justicia e Internet.

En los últimos años, los socios occidentales de Turquía habían manifestado su asombro ante los aparentes signos de autoritarismo en Ankara y la imagen del presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, se ha visto salpicada por la brutalidad policial hacia los manifestantes y la censura en Twitter y YouTube.

"El AKP quiere convertir Turquía en una prisión abierta", ha denunciado el líder del principal partido de la oposición, el CHP, Kemal Kilicdaroglu, que ha criticado ante el Parlamento este paquete de reformas.

PREOCUPACIÓN POR EL AUTORITARISMO

Por otro lado, una comisión parlamentaria deberá ser informada de cualquier operación de pinchazos telefónicos, como las realizadas por la Policía el año pasado para investigar un posible caso de corrupción en el círculo cercano de Erdogan. El Gobierno respondió y lo calificó como un "intento de golpe judicial". Como respuesta, apartó a miles de autoridades policiales de su cargo por su supuesta pertenencia a "estructuras paralelas" empeñadas en derribar al Gobierno.

"Por un lado, estas reformas se han hecho para reforzar los Derechos Humanos y las libertades, y para proteger la vida privada", ha subrayado Davutoglu. "Por otro, incluye medidas contra aquellos que dañen un ambiente de confianza en asuntos que van desde el comercio electrónico hasta la seguridad laboral, de la guerra antidrogas hasta las luchas contra el terror", ha añadido.

La creciente intolerancia del Gobierno a las críticas, reflejadas en el control a los medios de comunicación, la Justicia y la Policía, atenta contra la democracia, según ha denunciado Cengiz Aktar, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Suleyman Shah. "En Turquía, no hay más controles ni balances que digan a los ciudadanos normales que este es un país dirigido por la ley", ha explicado Aktar.

FRUSTRACIÓN EN OCCIDENTE

La Unión Europea ha publicado este mes un informe en el que advertía a Turquía de no deteriorar la independencia judicial y el Estado de Derecho. Las nuevas propuestas son solo el último paso de los intentos de Ankara por controlar las libertades civiles, según ha apuntado la eurodiputada danesa, Marietje Schaake. El creciente autoritarismo del Gobierno es para Shaake una "carrera de fondo que hay que frenar".

Los socios occidentales están cada vez más desencantados con el Gobierno turco y desconcertados ante sus problemas regionales, que incluyen la lucha contra el Estado Islámico, según Schaake.

La decisión de Turquía, miembro de la OTAN, de no intervenir en los ataques contra el Estado Islámico, que ha conquistado amplios territorios en Irak y Siria, no ha gustado a Estados Unidos. Las autoridades turcas creen que los defensores de Kobani podrían tener algún vínculo con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

"Políticamente hablando, en la Unión Europea un montón de personas están cansadas de este asunto de Turquía", ha confesado Shaake. "Yo estoy profundamente preocupada por Turquía pero, al mismo tiempo, no deberíamos abandonarlo, y veo un riesgo en esto", ha concluido la eurodiputada danesa.