COPENHAGUE, 31 Mar. (EP/AP) -
Los habitantes de la ciudad libre de Christiania, situada en el interior de Copenhague, han accedido a seguir adelante con la propuesta del Gobierno danés para regularizar la vivienda de la comunidad, según informó un portavoz de la propia organización comunal. El barrio se estableció en 1971, cuando un grupo de okupas decidió asumir el control de una zona de cuarteles abandonada como forma de protesta contra el Gobierno danés.
Esta aprobación, anunciada hoy, supone la vía libre para la creación de una agencia inmobiliaria que asumirá la propiedad de los edificios de Christiania y facilitar así la normalización del barrio para que se establezca el pago de alquileres y permita a otras personas vivir en él.
Sin embargo, los 850 habitantes del barrio no retirarán las 700 demandas interpuestas contra el Estado para conseguir la propiedad de algunos de los edificios.
"Hemos decidido que deberíamos mostrarnos amistosos con el Gobierno y decir 'sí' a sus planes, pero también hemos decidido seguir adelante por la vía de los tribunales", afirmó Brandt en declaraciones a AP.
Muchos de los residentes de Christiania argumentan que debería otorgárseles la propiedad de las vivienda en las que viven desde hace más de veinte años, pero el Gobierno ha amenazado con comenzar un proceso de normalización forzosa a menos que se retiren estas demandas antes del 1 de abril.
"Por eso nuestra decisión es mitad un sí y mitad un no", explicó. Declinó dar más detalles al respecto y remitió al comunicado que será hecho público el lunes.
Los okupas accedieron al complejo del siglo XVIII abandonado por la marina danesa y establecieron una sociedad comunal sin propiedad privada tras los muros del antiguo cuartel. Los habitantes de la recién fundada Christiania pintaron los edificios de colores llamativos y legalizaron la marihuana, el nudismo y la anarquía en una sociedad sin policías ni coches.
Los miembros de la comunidad no pagan alquiler, pero sí una cantidad fija mensual para cubrir los gastos de electricidad, agua y otros servicios públicos autogestionados.
El Gobierno reconoció finalmente Christiania como un "experimento social" en 1987 y cuatro años después accedió a otorgar a sus habitantes el derecho al uso de la tierra.
En 2004, el Parlamento aprobó un plan elaborado por el Gobierno de centro-derecha para normalizar la situación legal del enclave y en 2006 se propuso la construcción de 200 nuevos apartamentos, así como la rehabilitación de algunos de los edificios históricos.
