Un equipo de la ONU acusa al presidente somalí de desviar fondos públicos a cuentas privadas

VIENA/NAIROBI 16 Jul. (Reuters/EP) -

Un equipo de Nacionas Unidas encargado de comprobar el cumplimiento de las sanciones de la ONU en Somalia ha acusado al presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamed, a una exministra y a un bufete estadounidense de conspirar para desviar fondos públicos a sus cuentas.

El Grupo de Control de Somalia y Eritrea, compuesto por ocho expertos, ha informado de sus hallazgos al Comité de Sanciones a Somalia y a Eritrea del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El informe, de 37 páginas, "refleja la explotación de la autoridad pública para intereses privados e muestra, como poco, una conspiración para desviar los ingresos extranjero de manera irregular".

La mayoría de los ingresos extranjeros fueron congelados al comienzo de la guerra civil en Somalia en 1991, incluidos los fondos en metálico y los cargamentos de oro almacenados en bancos durante las dos décadas de caos y conflicto en Somalia, así como las propiedades del Gobierno en el extranjero.

El informe señala como responsables de la trama al bufete estadounidense Shulman Rogers, al presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamed, y su gabinete; a la exministra de Exteriores Fawzia Yusuf H. Adam y a dos individuos que actuaban de intermediarios entre Shulman Rogers y Somalia.

Todos los acusados que aparecen en el documento han negado su implicación en el desvío de fondos y varios han acusado al director del grupo de investigación, Jarat Chopra, de utilizar dudosos métodos de investigación. También sostienen que sus afirmaciones son infundadas.

Por su parte, la exministra de Exteriores Adam, que es ahora diputada del Parlamento somalí, ha asegurado que nunca se benefició del contrato de Shulman Rogers. Adam también ha negado que presionara a la exgobernadora del Banco Central de Somalia Yassur Abrar, para que colaborara en el desvío. "Como ministra de Exteriores, mi papel era construir la imagen de Somalia no conspirar ni difamar mi nombre ni el de mi Gobierno", ha declarado.

El Grupo de Control acusa a los cabecillas de esta supuesta trama de actuar contra "el bien público" de Somalia. Shulman Rogers ha reaccionado a esta acusación y Jeremy Schulman ha destacado que su trabajo ha servido "el bien público de Somalia". Como el resto de implicados, también ha señalado al director del grupo del que dice que no es "una fuente creíble para la información veraz sobre los tejemanejes en Somalia".

En 2013, el informe de un Grupo de Control de la ONU mostró que los miembros del Gobierno de Mohamed utilizaron los fondos del Banco Central como "fondos para fines ilícitos", con una media del 80 por ciento de retirada para fines privados. La presidencia y el entonces gobernador, Abdusalam Omer, lo han desmentido. Según el Grupo de Control esta "compleja arquitectura de múltiples contratos secretos" minaba la independencia entre la Presidencia y el Banco Central.

"El reparto del pastel de los ingresos extranjeros por aquellos involucrados en el proyecto implicaba la retención de un porcentaje excesivo y el pago directo de los ingresos recaudados así como el intento de eludir en el Banco Central de Somalia", dice el documento.

HUIDA DESDE MOGADISCIO

Abrar, la exgobernadora del Banco Central que también fue vicepresidenta de Citigroup, dejó el cargo el pasado octubre tras siete semanas en el puesto, alegando que había recibido presiones para firmar un contrato con Shulman Rogers. Según en nuevo informe, la exgobernadora envió su dimisión desde Dubai tras huir de Mogadiscio por miedo a su seguridad.

Una de sus principales preocupaciones era la cláusula de un contrato de julio de 2013 con Shulman Rogers que daba al bufete un bonus del 5 por ciento de los ingresos, además de sus tasas, y el 6 por ciento de la recaudación de ingresos por un coste y gastos indefinidos.

"Abrar consideraba que esta cláusula para gastos y costes indefinidos era para esconder impuestos y entendía que significaba un pago lateral para dividir el dos por ciento entre la ministra de exteriores Adam, Musa Haji Mohamed Ganjab y Abdiaziz Hassan Giyaajo Amalo", dice el informe. Sin embargo, el contrato de Shulman Rogers no dice que ningún individuo recibiera el 6 por ciento.

El Grupo de Control de la ONU alega que Amalo, un ciudadano norteamericano con ascendencia somalí, y Ganjab fueron consejeros del Gobierno que también actuaron como intermediarios que "servían como canal regular entre Shulman Rogers y el prsidente". Ganjab, un empresario somalí, no se ha pronunciado. Amalo, por su parte ha dicho a Reuters que nunca fue consejero del Gobierno y ha calificado las acusaciones contra él como "falsas y maliciosas".

TEMORES DE DESVIACIÓN DE FONDOS

Abrar empezó a sospechar de estas malas prácticas en septiembre de 2013. "El presidente la informó de que Adam, Ganjab y Amalo habían trabajado duro por su dinero y se habían ganado y merecían la comisión del seis por ciento", dice el informe. "Abrar pidió al presidente que reconsiderara su apoyo, pero él simplemente se lo agradeció y le pidió que leyera el contrato", añade.

El documento sostiene que el entonces 'número dos' del ministro de Finanzas presionó a Abrar para que se abriera una cuenta bancaria en Dubai contra su voluntad. Sin embargo, la exgobernadora no lo hizo y tampoco firmó el contrato.

Tras la consulta con el Banco Mundial, la oficina del presidente de Somalia ha informado en un comunicado a Reuters que esta acusación deroga el poder otorgado a Shulman Rogers en mayo y están renegociando su contrato con el bufete.