España, satisfecha por la abolición de la pena de muerte en varios países

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno español ha manifestado este lunes su "satisfacción" por los avances que se han logrado en la abolición de la pena de muerte en países como Fiyi, Madagascar, Costa de Marfil o Surinam mientras que reconoce que se han dado pasos atrás en otros países.

"España expresa su satisfacción por todos estos actos de coraje político y felicita a los responsables, que se unen a la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte", ha destacado el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación a través de un comunicado.

En concreto, se refiere a los "avances" producidos en Fiyi, cuyo Parlamento eliminó el pasado 10 de febrero las últimas referencias a la pena de muerte en su legislación interna; y en Madagascar, que abolió la pena de muerte el 10 de diciembre, día internacional de los Derechos Humanos.

El Gobierno destaca además la decisión de la Asamblea Nacional de Costa de Marfil, que votó a favor de la abolición definitiva de la pena de muerte el pasado 10 de marzo; y la del Parlamento de Surinam que, que aprobó el pasado 3 de marzo la eliminación de la pena de muerte en su código penal. Ambas leyes están ahora pendientes de la sanción presidencial.

RETROCESOS

El Gobierno reconoce por otra parte que "en otros lugares del mundo, principalmente en Asia y en Oriente Próximo, se observan signos preocupantes", tales como aumento de condenas, ejecuciones a menores de edad y personas con discapacidad mental, fin de las moratorias, ampliación de los delitos castigados con pena de muerte, y utilización de la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, y el crimen en general para justificar la pena de muerte.

"España apoya los esfuerzos de los Estados para luchar contra el terrorismo, cuya amarga y dura experiencia conocemos, y contra el narcotráfico; pero recuerda su postura de oposición a la pena de muerte en todo lugar y circunstancia, por considerarla un castigo cruel, inhumano y degradante, sin efectos probados en la prevención del crimen, y sin posibilidad de reparación en caso de error judicial", argumenta el Ejecutivo.