MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, ha anunciado la reanudación de la investigación de la actuación de las fuerzas de seguridad filipinas en el marco de la "guerra contra la droga" del presidente filipino, Rodrigo Duterte, que se habría cobrado hasta unas 12.000 víctimas mortales, según estimaciones.
"Tras una revisión cuidadosa y minuciosa de toda la información aportada por Filipinas y otra información disponible públicamente, aportada por terceras partes o ya en nuestra colección, he concluido que no se puede atender la petición de desestimación de Filipinas y que la investigación debe reanudarse lo antes posible", ha explicado Khan en un comunicado oficial.
Así, Khan sostiene que el Gobierno filipino no ha demostrado que haya investigado los numerosos casos de muertes en operaciones policiales.
"El Gobierno filipino no parece estar investigando si alguno de estos presuntos crímenes fueron consecuencia de una consigna o si ocurrieron sistemáticamente, o si hay alguien de las altas esferas de la Policía o el Gobierno que pueda ser responsable a nivel penal. Por este mero motivo el Tribunal no debe obviar la investigación", ha argumentado.
Khan ha explicado además que "la mayoría de la información proporcionada por el Gobierno filipino es de procesos administrativos y otros procesos no penales en los que no se dirime la responsabilidad penal".
Duterte, al que le queda menos de una semana como presidente filipino, ha jaleado la brutal represión policial contra la droga. Ahora, ha manifestado su disposición a ser juzgado en el TPI. El pasado jueves, en Davao, el mandatario instaba al TPI a "dejar de amenazar con investigar" presuntos crímenes contra la Humanidad.
Además, ha defendido que "la violencia y el miedo son necesarios" para las fuerzas de seguridad, en particular en la lucha contra las drogas, y se ha ofrecido para defender a los agentes que sean perseguidos como abogado, incluso después de que termine su mandato.
"Si matas a cinco o seis durante tu turno puede que des a otras personas, incluso a inocentes. No os preocupéis. Forma parte de la lucha. Estaré allí para apoyaros", declaró.
La investigación del TPI se basa en una denuncia presentada en 2018 por organizaciones no gubernamentales y familiares de víctimas de la "guerra contra la droga". Sin embargo, Duterte sostiene que el TPI no tiene competencias para juzgar estos delitos y retiró al país del Tratado de Roma que sostiene al Tribunal el 17 de marzo de 2019.
El Gobierno filipino admite más de 6.000 fallecidos en sus polémicas redadas, aunque las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos coinciden en que la cifra podría real podría ser hasta cuatro o cinco veces más.
La investigación fue suspendida en noviembre de 2021 a petición de Filipinas, que anunció que investigaría los casos que trataba el Tribunal.
