El Gobierno de Bahréin retira la ciudadanía a 31 personas por atentar contra el Estado

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Bahréin ha anunciado este martes la retirada de la ciudadanía a un total de 31 bahreiníes por su presunta participación en ataques contra la seguridad del Estado, tal y como ha recogido la agencia estatal, BNA.

La retirada de la ciudadanía se basa en una cláusula del artículo 10 de la Ley Civil del país, que estipula que toda aquella persona de nacionalidad bahreiní que participe en atentados contra la seguridad del Estado.

El Ministerio de Interior ya ha señalado que "tomará las medidas necesarias" para implementar la medida, al tiempo que ha anunciado que todos los afectados tienen derecho a apelar la decisión.

El emirato, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente desde marzo de 2011 las protestas pro democráticas en el territorio. Manama impuso la ley marcial y solicitó la entrada de tropas saudíes y emiratíes para controlar las protestas y aplastar las manifestaciones. La semana pasada, el Gobierno prohibió cualquier manifestación o concentración por motivos de seguridad, una medida que ha sido duramente condenada por Amnistía Internacional (AI).

La oposición ha denunciado las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.

Asimismo, desde el inicio de la represión de las autoridades contra los manifestantes, ONG internacionales como AI, Human Rights Watch (HRW) o Reporteros Sin Fronteras (RSF) han emitido múltiples comunicados para denunciar la situación de Derechos Humanos en el país y pedir a la comunidad internacional una postura activa de presión sobre el Ejecutivo.

El lunes, dos personas murieron y otra resultó herida a causa del estallido de cinco artefactos explosivos en la capital del país, Manama, un acto que el Gobierno achacó a grupos radicales de la oposición. Sin embargo, altos cargos opositores expresaron sus dudas respecto a que los ataques fueran responsabilidad de activistas.

En una entrevista concedida al diario 'Al Akhbar', Maryam al Jawaja, presidenta en funciones del Centro por los Derechos Humanos de Bahréin (BCHR) tras la detención de su antecesor, el activista Rabil Rajab, condenó los atentados y pidió "la apertura de una investigación independiente". "Ha habido tantas mentiras que no podemos creer nada de lo que dice el Gobierno", agregó.

Asimismo, el opositor Matar Matar, miembro del partido Al Wefaq, describió el incidente como "extraño" en declaraciones a la agencia británica Reuters. "¿Por qué querría alguien atentar contra trabajadores? Me temo que la Policía y el Ejército están perdiendo el control de sus unidades o que esto es una preparación de cara a la declaración de la ley marcial", dijo.