OTTAWA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Canadá ha presentado este jueves el proyecto de ley con el que quiere regular el suicidio asistido, que estará restringido a enfermos terminales de nacionalidad canadiense, mayores de edad y con plenas facultades mentales.
El Ejecutivo que lidera Justin Trudeau, del Partido Liberal, había prometido una regulación relativa a la eutanasia después de que el Tribunal Supremo derogase en febrero de 2015 una prohibición que impedía a los médicos facilitar la muerte de un paciente.
La ministra de Justicia, Jody Wilson-Raybould, ha explicado este jueves que el Ejecutivo ha intentado enfocar el documento desde distintas perspectivas, aunque ha reconocido que para algunos sectores se trata de una norma "problemática". "Para otros, se quedará corta", ha añadido.
El documento permite que un adulto con un "sufrimiento intolerable" y perspectivas "razonables" de fallecer a corto plazo pueda tomar la decisión de acabar con su vida y disponer, en este proceso, con la asistencia de personal especializado. Médicos y enfermeras no se enfrentarán a ningún proceso penal.
El proyecto contempla un "periodo de reflexión" de 15 días y quiere evitar que las personas sean incitadas a morir en "momentos de debilidad", según la cadena de televisión pública CBC. En este sentido, insiste en que Canadá, como sociedad, debe seguir trabajando para impedir el suicidio en todas sus formas.
Trudeau, cuyo padre renunció a ser tratado contra el cáncer, ha explicado que el objetivo es "respetar la decisión de los canadienses" al mismo tiempo que "están en vigor una serie de salvaguardas". "Es una cuestión muy personal que afecta a todos, a nuestras familias e individualmente, cuando nos acercamos al final de nuestras vidas", ha afirmado en Londres (Ontario).
PROCESO DE DEBATE
La sentencia del Supremo incluía una orden para que las autoridades federales y provinciales de Canadá regulasen el suicidio asistido en el plazo de un año. Al llegar al poder, el Gobierno solicitó una prórroga de seis meses vigente hasta el 6 de junio.
Una comisión parlamentaria fue creada 'ex profeso' para plantear una serie de recomendaciones sobre el proyecto de ley, si bien no todas se han tenido en cuenta en este primer borrador.
El informe contempla una "petición por adelantado" en caso de enfermos que sufriesen un empeoramiento progresivo --sin estar todavía en fase terminal-- y proponía tener en cuenta también a personas con discapacidades mentales, no sólo físicas.
Una de las recomendaciones más polémicas fue la posibilidad de discutir, en un plazo de tres años, que también los "menores maduros" puedan decidir sobre su vida. Wilson-Raybould ha avanzado que tanto ésta como otras cuestiones podrían ser estudiadas en el futuro de cara a posibles enmiendas.
