MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, ha anunciado la imposición a partir del sábado de dos semanas de confinamiento para contener la expansión del coronavirus, que suma unos 300 casos y diez muertos, aunque el propio mandatario ha reconocido que el número real de contagios podría ser mayor al balance oficial.
Orban ha anunciado las nuevas medidas, que permitirán como excepciones los desplazamientos considerados imprescindibles o las actividades físicas al aire libre, siempre y cuando se guarde una mínima distancia con otros personas. El primer ministro, que ha concedido una entrevista radiofónica, ha advertido de que las fuerzas de seguridad vigilarán el cumplimiento de las normas.
El Gobierno húngaro ha habilitado también horarios especiales para farmacias y tiendas de alimentación, de tal forma que las personas mayores de 65 años solo puedan acudir entre las 9.00 y las 12.00, informa 'Hungary Today'.
Por otra parte, el Ejecutivo ha asumido el control indirecto de todos los hospitales, que pasarán a tener al frente a un comandante designado por las autoridades políticas. El primer ministro ha explicado que los médicos seguirán decidiendo sobre cuestiones sanitarias, mientras que los comandantes se encargarán de vigilar el cumplimiento de la regulación.
LA ONU CRITICA LOS PLANES DE ORBAN
La decisión que más polémica ha generado en estos últimos días, sin embargo, ha sido el rechazo de Orban a poner plazo a la declaración del estado de emergencia, en virtud de la cual el Ejecutivo puede gobernar por decreto y restringir la libertad de expresión, con penas de hasta cinco años de cárcel para quienes difundan información falsa.
A las dudas expresadas por la oposición interna se ha sumado este viernes la "preocupación" del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en la medida en que considera que el Gobierno tendrá "prácticamente poderes ilimitados". La votación está prevista para la próxima semana.
"Según el Derecho Internacional, las leyes y medidas de emergencia deberían ser temporales y limitadas", ha advertido el portavoz del Alto Comisionado, Rupert Colville, en un comunicado en el que ha expresado su temor por las posibles restricciones en derechos y libertades fundamentales.