WASHINGTON, 25 Jul. (Reuters/EP) -
Un juez federal ha permitido el acceso a datos de los votantes a la comisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encargada de investigar el supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, una decisión que ha suscitado las críticas de los grupos que consideran que estas prácticas podrían infringir el derecho a la privacidad.
El juez ha sentenciado que la demanda del Centro de Información Privada Electrónica (EPIC, por sus siglas en inglés) carece de base para impugnar las pesquisas porque las recogida de datos no constituye la acción de un organismo gubernamental como tal, de manera que no está sujeto a las leyes que restringen la actividad de las instituciones.
La juez Colleen Kollar-Kotelly ha señalado también que la comisión es un órgano asesor que no tiene autoridad legal para obligar a los estados a entregar información privada.
Trump estableció la comisión por orden ejecutiva el 12 de mayo porque supone, sin tener ninguna prueba, que millones de personas votaron de manera ilegal en las elecciones presidenciales del 8 de noviembre. Los republicanos ganaron se hicieron con la victoria en el Colegio Electoral, lo que les dio la victoria, sin embargo, su oponente demócrata, Hillary Clinton, obtuvo en conjunto mayor número de votos.
"Queremos seguir trabajando con los líderes electorales estatales para recopilar información e identificar oportunidades para mejorar la integridad de las elecciones", ha declarado el vicepresidente de la comisión, Kris Kobach.
Kobach es el secretario de Estado de Kansas y un firme defensor de leyes más restrictivas en inmigración e identificación de votantes. Grupos de derechos civiles y diputados demócratas han alegado que la sentencia podría derivar en nuevos requisitos de identificación y otras medidas que dificulten el voto.
La comisión, presidida por el vicepresidente Mike Pence, tuvo su primera reunión la semana pasada, cuando Kobach pidió a los estados entregar información de los votantes que incluyan nombre, los últimos cuatro dígitos de la seguridad social, domicilio, fechas de nacimiento, afiliación política, sentencias judiciales e historial electoral.
Algunos estados han rechazado otorgar esa información y otros investigan si la pueden proporcionar.
La Unión Americana de Libertades Civiles ha presentado una demanda a parte contra la comisión para asegurar que las peticiones que realizan se ajustan a la normativa.
"Los esfuerzos de la comisión para recabar datos personales no deben escapar a la revisión judicial", ha declarado el consejero de EPIC, Alan Butler, en un comunicado, y ha añadido que el grupo observará atentamente los movimientos de este grupo.
