Malí, una crisis que empeora cada día por la creciente inseguridad

Desplazados en Malí
OCHA/KATY THIAM 
Actualizado 01/12/2018 15:51:03 CET

La violencia se ha extendido del norte al centro del país, con un incremento de víctimas y desplazados

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más tensión, más ataques, más inseguridad y más muertos. Así se resume la situación en Malí, donde en el último año el número de personas desplazadas por la violencia de los grupos islamistas y la violencia intercomunitaria se ha duplicado y no parece que vaya a detenerse por ahora, mientras la inestabilidad sigue su avance desde el norte hacia el centro del país.

La rebelión separatista tuareg de 2012 fue pronto secuestrada por organizaciones islamistas, lo que provocó la intervención francesa y culminó con un acuerdo de paz en 2015 que no ha conseguido devolver la estabilidad al país. Desde el norte, los milicianos islamistas han ido extendiendo su zona de actuación hacia el centro de Malí.

Según un estudio de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Maliense de Derechos Humanos (AMDH), hasta el punto que el 40% de los ataques yihadistas que se cometen en Malí tienen lugar en el centro del país. En este sentido, al menos 1.200 civiles han sido asesinados en los dos últimos años y unas 50 localidades han sido quemadas.

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Por otra parte, entre enero y octubre de este año al menos 192 civiles han muerto o resultado heridos como consecuencia de artefactos explosivos, una cifra que duplica la registrada en 2017, cuando hubo 91 víctimas, según la ONU. Los incidentes de este tipo se han incrementado desde mediados de 2017, en particular en el centro. Así, las regiones de Mopti y Ségou han contabilizado el 43% de este tipo de sucesos, frente al 22% del año anterior.

Malí también fue el tercer país con mayor número de víctimas de minas antivehículos a nivel mundial entre 2015 y 2017, según el Instituto Internacional para la Investigación de la Paz de Estocolmo (SIPRI) y el Centro Internacional para el Desminado Humanitario de Ginebra (GICHD), que también ha constatado un incremento en este tipo de incidentes en los nueve primeros meses de 2018.

Los ataques con este tipo de armamento han ido extendiéndose de las regiones de Gao y Kidal, ambas en el norte, donde eran frecuentes en 2015, hacia el centro, al tiempo que los grupos que los emplean han mejorado su capacidad y provocan un mayor número de víctimas. El 46 por ciento de ellas son civiles, mientras que el 23% son cascos azules de la ONU --la MINUSMA es considerada la misión de la ONU más mortífera desde su creación-- y el 20 por ciento miembros de las fuerzas de seguridad malienses.

La violencia ha estado protagonizada en gran medida por el Grupo para el Apoyo del Islam y los Musulmanes (JNIM, por sus siglas en árabe), una alianza bajo la égida de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y que engloba a Ansar Dine, el Frente de Liberación de Macina y Al Murabitún, que lidera el destacado yihadista argelino Mojtar Belmojtar.

En el centro del país, la actividad yihadista había estado encabezada hasta ahora por Amadou Koufa, un predicador radical y líder del Frente de Liberación de Macina, muerto el pasado 23 de noviembre en una operación del Ejército francés.

VIOLENCIA INTERCOMUNITARIA

Para constrarrestar esta actividad violenta, además de las fuerzas malienses, la misión de la ONU y la 'Operación Barkhane' de Francia, han ido surgiendo con el paso del tiempo grupos de autodefensa, en los que el componente étnico ha sido fundamental. Así, por una parte los grupos yihadistas han encontrado en los fulani una buena base de reclutamiento, mientras que del otro lado se han situado los bambara, agricultores, y los dogon, cazadores, generando una violencia intercomunitaria que igualmente está dejando muchas víctimas.

"Estamos muy preocupados por el potencial impacto de una mayor multiplicación de conflictos y sus consecuencias relacionadas", roconoce a Europa Press la jefa de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) en Malí, Ute Kollies, que destaca el aumento de los enfrentamientos intercomunitarios desde el año pasado.

Como consecuencia de ello, subraya, "el número de desplazados internos es más del doble que a principios de año". Así, se ha pasado de 38.172 en enero a 80.302 en octubre. El aumento de desplazados ha sido particularmente acusado en la región central de Mopti, "donde el número de enfrentamientos intercomunitarios se ha incrementado significativamente este año", señala Kollies. En 2017 hubo 20 de estos choques frente a los más de 70 contabilizados solo entre enero y mayo.

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Aunque por ahora la mayoría de desplazados están en el norte del país --26% en Tombuctú y 23% en Gao--, los desplazados en Mopti suponen ya el 21%. El incremento comenzó en noviembre de 2017 y "si los conflictos continúan ampliándose y multiplicándose en las regiones del norte y el centro, la gente se verá forzada a huir para salvar sus vidas y preservar su dignidad", advierte la responsable de la ONU.

En este panorama, la única buena noticia es que la cosecha ha sido buena este año, lo que ha permitido reducir el número de personas en situación de inseguridad alimentaria y que tienen problemas para conseguir su comida. En la actualidad, según Kollies, hay 2,5 millones de personas en situación de inseguridad, incluidas 185.000 que se encuentran en una situación de "crisis" o "emergencia".

DESNUTRICIÓN AGUDA PREOCUPANTE

Sin embargo, "el estatus nutricional de niños y mujeres en edad reproductiva sigue siendo una gran preocupación humanitaria", subraya la coordinadora de la ONU. La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene fijado en el 2% el umbral de emergencia en lo que se refiere a la desnutrición aguda severa, que sitúa a los menores al borde de la muerte.

Este es actualmente el nivel alcanzado en Malí, pero "la situación es particularmente grave en las regiones del norte y el centro afectadas por los conflictos". En cuanto a la desnutrición aguda global, el umbral de emergencia está en el 10% pero en el caso de Gao y Ménaka, actualmente es del 14,2% y el 13,5% respectivamente.

"La desnutrición aguda sigue siendo una cuestión de salud pública relacionada con la inseguridad alimentaria, la falta de agua potable y de saneamiento, y la educación", destaca Kollies. Los índices de desnutrición aguda severa son especialmente elevados en las zonas más afectadas por la violencia. Según la ONU, en estas zonas casi el 17 por ciento de los centros de salud no están operativos.

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Otra de las víctimas de esta crisis ha sido la educación. Según los datos de que dispone la ONU, unas 716 escuelas, o lo que es lo mismo, el 39% de las escuelas en las comunas afectadas por la inseguridad estaban cerradas cuando comenzó el curso el pasado octubre. Esto supone, según la coordinadora humanitaria, que unos 210.000 niños se está viendo "privados de su educación". "Las escuelas abiertas también se ven afectadas por huelgas irregulares de los sindicatos de profesores y la falta de profesores cualificados", precisa.

ATAQUES CONTRA ONG

No solo la población civil sufre las consecuencias de la inseguridad, también las ONG que tratan de ayudarla. "Pese a las volátiles condiciones de seguridad, los actores humanitarios siguen sus operaciones en el terreno", destaca Kollies, que precisa que hay unas 200 ONG registradas en el país.

"Su valor es digno de elogio y les animo a seguir apoyando a la población vulnerable afectada por la combinación de conflicto y desastres naturales, pobreza crónica y falta de acceso a servicios sociales", sostiene la responsable de la ONU. Entre enero y finales de octubre, las organizaciones humanitarias se han visto afectadas por 177 incidentes de seguridad, una media de 18 al mes, frente a los 11,5 de 2017.

Así las cosas, pide a la comunidad internacional que incremente su apoyo a Malí porque "la falta de fondos está impidiendo una respuesta adecuada, a escala y oportuna". De los 173 millones solicitados, se ha recibido el 52%.