LONDRES, 10 Dic. (EUROPA PRESS) - La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha confirmado ante la Cámara de los Comunes que solicitará el aplazamiento de la votación sobre el Acuerdo de Retirada de la Unión Europea que se iba a celebrar este martes, en busca de nuevas "garantías" sobre la frontera irlandesa para las que no ha fijado ningún calendario. May ha sido objeto de presiones tanto desde fuera como desde dentro de su partido para que reclame más garantías a la Unión Europea de cara a la ruptura definitiva, en particular por las dudas que suscita la salvaguarda contemplada para la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, sin una fecha concreta de finalización. Las dudas que genera el actual Acuerdo de Retirada vaticinaban un fracaso en la votación prevista inicialmente para este martes, aunque hasta ahora el Gobierno siempre había negado cualquier cambio en el calendario previsto, alegando que --como ha repetido May este lunes-- el texto que está ahora sobre la mesa es "el mejor" posible. La 'premier' ha asegurado que, llegados a este punto, la "pregunta fundamental" es si los diputados quieren realmente que Reino Unido se salga de la Unión Europea, ya que considera que, en caso afirmativo, es necesario que todas las partes hagan concesiones. May, no obstante, ha admitido que encaraba sin opciones la votación del martes y ha accedido a buscar nuevas "garantías" que permitan resolver las dudas que suscita el acuerdo sobre la frontera irlandesa, donde ha defendido que son necesarias "soluciones reales y factibles" para evitar la denominada "frontera dura". May ha asegurado que, durante el fin de semana, ya ha hablado con otros dirigentes sobre la actual situación y ha anunciado que en los próximos días se verá con varios líderes europeos para plantearles su última postura. La Cámara de los Comunes iniciará el 21 de diciembre su receso vacacional, del que no volverá hasta el 6 de enero. El tiempo corre en contra de May si se tiene en cuenta que el visto bueno parlamentario debe llegar, como muy tarde, el 21 de enero de 2019. Además, conforme a lo establecido en el Tratado de la UE, la salida de Reino Unido tendrá lugar --con o sin acuerdo-- dos años después de la activación del Artículo 50, es decir, el 29 de marzo de 2019. Al debate se ha sumado este lunes una nueva variable después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya dictaminado que Londres tiene derecho a paralizar todo el proceso de forma unilateral, sin contar con el consenso de los otros 27 Estados miembro del bloque. El Gobierno británico ha descartado dar marcha atrás a todo el proceso, al igual que también ha dejado claro que no promoverá la convocatoria de un segundo referéndum. En este sentido, alega que su obligación es cumplir el mandato surgido de la consulta del 23 de junio de 2016, cuando un 51,9 por ciento de los votantes se pronunció a favor del Brexit. May ha pedido a quienes defienden la repetición del referéndum que sean "honestos" y asuman "el peligro de dividir al país otra vez". Asimismo, ha dicho que aunque ella misma votó en contra del Brexit, ahora entiende que su "deber" es cumplir con el resultado que surgió de aquella consulta. DEBATE BRONCO El debate ha estado marcado por un ambiente bronco en el que el presidente de la Cámara, John Bercow, ha tenido que llamar al orden en varias ocasiones a los legisladores. Se han escuchado gritos de "dimisión" durante el discurso de la primera ministra, al que ha respondido por parte del Partido Laborista su líder, Jeremy Corbyn. El dirigente opositor ha tachado de "caótico" al Gobierno, que estaría en un "completo desorden". "Estamos en una situación extremadamente grave y sin precedentes", ha afirmado, al lamentar que se haya aplazado a última hora la votación pese a que desde hace "semanas" ya se sabía cuál sería el resultado en caso de llevarlo a la práctica. Para Corbyn, el acuerdo que está sobre la mesa "es malo para Reino Unido, malo para la economía y malo para la democracia", por lo que ha llamado a May a negociar uno mejor o, de lo contrario, "hacerse a un lado", si bien por ahora el Partido Laborista ha esquivado los llamamientos de otros grupos en favor de una moción de censura. La forma en que se han desarrollado los acontecimientos tampoco ha gustado al presidente de la Cámara, que ha sido especialmente crítico con el Gobierno por optar por una vía "profundamente descortés" al forzar la cancelación del debate del martes sin escuchar antes la opinión de los diputados. En este sentido, le ha instado a dar al menos voz al Parlamento.
