En el oeste de Níger, la violencia exportada desde los países vecinos deja más de 70.000 desplazados

Níger.- En el oeste de Níger, la violencia exportada desde los países vecinos deja más de 70.000 desplazados
INNOCENT KUNYWANA/MSF - Archivo 
Actualizado 11/05/2019 10:13:31 CET

Buena parte de la región está bajo estado de emergencia y ahora se quiere imponer escolta militar a las ONG, lo que dificulta su trabajo

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

En el oeste de Níger, apenas había desplazados a comienzos de 2018. Algo más de un año después, las regiones de Tillaberi y Tahoua albergan a más de 70.000 desplazados por la violencia que en gran medida ha llegado exportada desde los vecinos Malí y Burkina Faso, donde la actividad de grupos yihadistas se ha intensificado en los últimos meses.

El desplazamiento es la consecuencia más evidente de esta violencia que en lo que va de año deja 60 ataques armados y 42 civiles muertos. "Se trata de personas que han visto sus casas quemadas, a las que han robado sus bienes, que han visto a sus familiares y amigos ser asesinados o secuestrados, a las que les dieron un ultimátum, que fueron hostigadas por sus propios vecinos, y que ahora simplemente tienen miedo", resume el portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) en Níger, Emanuel Cidonelli.

Para finales de 2018, en estas dos regiones, que albergan a miles de malienses que huyen de la violencia en su país, había unos 53.000 desplazados. En la actualidad, la cifra se sitúa por encima de los 70.000 --49.000 en Tillaberi y 21.000 en Tahoua-- y la previsión es que siga aumentando a menos que remita la violencia.

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La violencia también ha tenido como resultado "el cierre de varias escuelas, el acceso limitado a la zona que está más cerca de la frontera y la aplicación de medidas relacionadas con el estado de emergencia" que el Gobierno de Níger ha impuesto en algunos distritos de las dos regiones, en algunos casos en vigor desde marzo de 2017, señala Cidonelli en declaraciones a Europa Press.

El estado de emergencia limita el acceso y la movilidad de la población local, incide el portavoz, al tiempo que también dificulta la labor de las organizaciones humanitarias que tratan de ayudar a las 700.000 personas necesitadas de asistencia este año en las dos regiones, según la ONU.

NECESIDADES HUMANITARIAS URGENTES

"Las necesidades humanitarias más urgentes tienen que ver con el acceso a alimentos, agua, estructuras de saneamiento y servicios sanitarios para evitar la propagación de enfermedades diarreicas y epidemias", explica el portavoz de la OCHA. Muchos de los desplazados se encuentran en campamentos improvisados cerca de ciudades o bases militares que "a menudo no son adecuados para responder a sus necesidades básicas", subraya.

A Médicos Sin Fronteras (MSF) le preocupa en particular cómo "la inseguridad está afectando en el día a día de la población" y en particular en su acceso a la salud, ya que hay centros cerrados y no siempre es fácil llegar a los que aún están abiertos, explica a Europa Press Mari Carmen Viñoles, responsable de operaciones de la ONG en el país.

Además, añade, en las últimas semanas se han incrementado los robos de vehículos a ONG. La semana pasada, un equipo mixto de MSF y del Ministerio de Salud que realizaba una clínica móvil en Weida Bangou, en Tillaberi, fue asaltado por hombres armados que se llevaron dos de los vehículos de la organización, sin provocar ningún herido. "Lamentablemente esto no es atípico", reconoce Viñoles. Sin embargo, provocó la suspensión temporal de las actividades de MSF.

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Esta semana, hombres armados robaron otros dos vehículos de ONG en el campo de refugiados de la ONU en Tabarey Barey, en Tillaberi, lo que provocó igualmente la suspensión de las operaciones en la zona por parte de Naciones Unidas.

Como resultado de estos ataques, que atribuye a "criminalidad", y también a la presencia de artefactos explosivos en las carreteras y al creciente número de ataques y asesinatos, la población ha reducido sus movimientos. Esto también supone una "barrera" para que las ONG hagan su trabajo por "miedo" a ser atacadas, añade la responsable de MSF.

CONVOYES HUMANITARIOS ESCOLTADOS

Los problemas de acceso de las ONG podrían verse agravados con la nueva medida anunciada por el gobernador de Tillaberi: las organizaciones humanitarias deberan ir escoltadas por las fuerzas nigerinas en sus desplazamientos, según explica Viñoles, que considera que este debería ser "el último recurso" y que en la situación actual en dicha región no debería aplicarse.

En el caso de MSF, asegura, intentará evitar tener que trabajar con escolta militar ya que "uno se convierte en objetivo" puesto que las fuerzas de seguridad están en el punto de mira de los grupos yihadistas --tanto vinculados a Al Qaeda como a Estado Islámico-- que operan en el Sahel.

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Además, añade, con ello se pondría en tela de juicio los principios de neutralidad e imparcialidad de la ayuda humanitaria, ya que las ONG "podrían ser percibidas como parte del Gobierno o que actual bajo el paraguas del mismo". Así pues, de llevarse a cabo esta medida aumentaría el riesgo para las ONG y no sería sino "un parche", afirma tajante.

El resultado, advierte Viñoles, podría ser una presencia aún menor de ONG en estas dos regiones del oeste de Níger, donde MSF cree que hay pocas organizaciones dispuestas a "trabajar en este entorno de inseguridad" pese a las necesidades de la población.

No coincide en el análisis el portavoz de la OCHA, que aclara que en estas dos regiones trabajan siete agencias de la ONU y otras 35 organizaciones. "La presencia de actores humanitarios no es un problema. El verdadero reto es permitir a estos actores recursos y movilidad para hacer su trabajo", subraya Cidonelli.

FALTA DE RECURSOS SUFICIENTES

Para ser honestos, agrega, "la principal preocupación es que puede no haber recursos suficientes para ayudar a todas las personas actualmente afectadas por esta situación o que la respuesta humanitaria pueda llegar demasiado tarde".

En 2018, recuerda, solo se recibieron el 64 por ciento de los fondos solicitados por la ONU y las ONG para ayudar a las personas necesitadas en el oeste del país y también en la región de Diffa, fronteriza con Nigeria y que se ha visto golpeada desde hace años por la violencia del grupo terrorista Boko Haram. Para este año, hay 2,3 millones de personas necesitadas de ayuda, 700.000 de ellas en Tillaberi y Tahoua.

"Cualquier brecha en la asistencia para cubrir estas necesidades es caldo de cultivo para que se deterioren", previene el portavoz de la OCHA. "La gente se queda sola en su vulnerabilidad, se ve expuesta a enfermedades, a la violencia, al tráfico de personas, y se vuelven más conflictivas y receptivas a su reclutamiento por criminales y grupos armados", destaca.

En este sentido, tanto Cidonelli como Viñoles esperan una mayor atención hacia esta crisis, que en buena medida se ve eclipsada por la situación en los vecinos Malí y Burkina Faso, por parte de la comunidad internacional.

"Tenemos que actuar y actuar rápido", reclama el portavoz de la OCHA, que incide en que crisis como esta "tienen múltiples capas" y "creen lentamente y se extienden hasta que llega el momento en que nos damos cuenta de que la situación está fuera de control y de la gravedad y la urgencia de la situación".

Dado que es una crisis regional, Cidonelli considera que la respuesta también debería ir en esa línea, como se ha hecho en el caso del lago Chad, y unir a "las fuerzas militares especiales, las autoridades y los actores humanitarios y de desarrollo" para que formulen "un plan coordinado de respuesta".

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