JERUSALÉN, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil de la Franja de Gaza manifestaron hoy su "consternación" por la presentación de una propuesta de ley en el Congreso de los Diputados español que supondrá el final de la Jurisdicción Universal para la justicia española, que sólo intervendría en procesos por genocidio y lesa humanidad en el caso de que existan víctimas de nacionalidad española o que sus presuntos responsables se encuentren en territorio español.
"Para nosotros fue un rayo de esperanza la decisión del juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional de seguir adelante con la investigación de los acontecimientos relacionados con el bombardeo de Al Daraj en julio de 2002", indica la carta abierta, firmada por el Grupo Un Estado Democrático, la Asociación de Profesores Universitarios de Palestina, la Campaña Estudiantil por el Boicot Académico a Israel y el Foro Cultural Árabe.
Estas organizaciones de la Franja de Gaza aseguran que la decisión de Andreu "era una materialización de la promesa de Europa y su compromiso con el principio del 'nunca más' quedarse parados en silencio mientras ocurre una limpieza étnica". "Esperábamos que eso serviría como disuasión a otros posibles criminales de guerra", afirma el comunicado.
"Si se aprueba la propuesta del Parlamento español pidiendo al Gobierno limitar los mecanismos de Jurisdicción Universal, llevará a la impunidad continua de los criminales de guerra y a una complicidad con los futuros crímenes de guerra, incluido el actual castigo colectivo y el genocidio directo contra nosotros, la población civil de Gaza", prosigue el texto.
Esta causa es una de más de 10 que investiga en la actualidad la Audiencia Nacional basadas en las competencias de este órgano Jurisdicción Universal y que quedarán afectadas por la modificación del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que se aprobará próximamente en el Congreso de los Diputados gracias al acuerdo alcanzado entre PSOE, CIU y PNV.
La modificación normativa podría suponer el archivo de las causas abiertas en España debido al principio que obliga a aplicar la norma más beneficiosa para el reo. No obstante, la incorporación de una víctima española en el caso del bombardeo de Gaza evitaría el cierre de esta instrucción concreta.
En la carta se recuerda el incidente que investiga Andreu, ocurrido el 22 de julio de 2002 y en el que murieron 14 civiles. Un avión de combate F-16 lanzó una bomba de una tonelada contra la casa de Salah Shehadeh, sospechoso de ser uno de los comandantes de Hamás, con el objetivo de asesinarlo.
La vivienda fue alcanzada directamente por la bomba en una de los lugares residenciales de mayor densidad de población del mundo. La casa se encontraba a menos de dos metros de la de la familia Mattar lo que provocó que esta vivienda también fuese destruida y que siete miembros de sus miembros resultaran muertos tras el ataque. Como consecuencia de la explosión, murieron un total de 15 personas, la mayoría niños y bebés, 150 fueron heridas, ocho casas de los alrededores fueron destruidas, nueve recibieron daños de gravedad y 21 daños moderados.
En el texto de los grupos de la sociedad civil palestina gazací también se recuerdan las ofensivas militares israelíes de febrero de 2008 y enero de 2009, que citan como otros ejemplos de la política de ejecuciones extrajudiciales israelí.
