MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Palestina ha advertido este lunes a Israel contra un plan para quedarse con parte de los impuestos que recauda en nombre de la Autoridad Palestina para compensar los daños provocados por 'cometas incendiarias' utilizadas en el marco de las protestas en Gaza.
El plan fue desvelado el domingo por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, a raíz de varios incendios registrados en bosques y zonas agrícolas de Israel ubicadas cerca de la frontera con el enclave palestino.
En respuesta, el portavoz del Ejecutivo palestino, Yusef al Mahmud, ha resaltado que esta deducción de fondos sería "un acto de robo y bandidaje", según ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA.
"El Gobierno de Israel está preparando un complot para robar fondos del pueblo palestino", ha manifestado, antes de recalcar que "es un acto de agresión cometido por ladrones en la forma de funcionarios israelíes".
La frontera entre Israel y el enclave palestino ha sido escenario de un incremento de la violencia desde el 30 de marzo, cuando arrancó la 'Gran Marcha del Retorno' para reclamar el derecho de los refugiados palestinos a regresar a las viviendas en las que residían antes de la creación del Estado de Israel en 1948.
Desde entonces, la represión israelí de las protestas se ha saldado con la muerte de cerca de 120 palestinos, sin que haya ninguna baja israelí.
La jornada más letal fue la del 14 de mayo, día en que Estados Unidos inauguró su nueva Embajada en Jerusalén, lo que supone reconocer la ciudad santa como capital de Israel, y víspera de la 'Nakba' o 'Día de la Catástrofe', en el que se conmemora el inicio del éxodo palestino. Más de 60 personas murieron por los choques con las tropas hebreas.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el 18 de mayo la apertura de una investigación para esclarecer los posibles crímenes de Israel durante la represión de las últimas protestas en Gaza, a pesar de las críticas del Gobierno de Netanyahu.
La resolución que proponía la creación de una comisión 'ex profeso' para analizar la situación fue aprobada con 29 votos a favor, 14 abstenciones y dos votos en contra, los de Estados Unidos y Australia. España voto 'sí', mientras que otros países europeos como Reino Unido, Alemania, Eslovaquia, Hungría o Croacia optaron por la abstención.
