Publicado 16/12/2015 21:24CET

El Parlamento sopesa ampliar la protección a ex presidentes para disuadir a Kabila de prolongar su mandato

KINSHASA 16 (Reuters/EP)

El Parlamento de República Democrática del Congo (RDC) sopesa aprobar una ley que proporcionaría más protección a los ex dirigentes frente a causas judiciales, en un movimiento interpretado como el primer paso para disuadir al presidente, Joseph Kabila, de aspirar a la reelección.

Kabila, que llegó a la Presidencia en 2001 y ganó las reñidas elecciones de 2006 y 2011, no puede aspirar a otro mandato consecutivo por prohibición constitucional, pero de momento guarda silencio ante las preguntas de si concurrirá a los comicios del próximo año.

La incertidumbre sobre el futuro político de Kabila hace temer que RDC se precipite a otro episodio de violencia, ya que desde que se independizó de Bélgica, en 1960, no ha experimentado una transición pacífica de poder.

Los diputados han elaborado un proyecto de ley, al que ha tenido acceso Reuters, según el cual los ex presidentes y sus principales colaboradores no podrán ser arrestados por violaciones de la ley realizadas durante el ejercicio de sus funciones.

El autor de este texto es el 'número dos' de la oposición congoleña, Modeste Mutinga, que ha explicado en una carta enviada al Parlamento que esta perspectiva legal "suele debilitar el instinto de mantenerse en el poder por cualquier medio".

El borrador de Mutinga introduce una salvedad, de modo que solo podrán beneficiarse de esta especie de inmunidad judicial los ex presidentes y cargos públicos que hayan llegado y salido del poder conforme a la Constitución.

Esta norma jurídica vendría a reforzar el estatuto jurídico de los ex presidentes, a los que la Constitución ya concede una amplia protección al convertirlos en senadores vitalicios.

Al margen de este paraguas quedan los crímenes de guerra, contra la Humanidad y el genocidio, graves violaciones del Derecho Internacional que no pueden amnistiarse y sobre los que el Tribunal Penal Internacional (TPI) tiene jurisdicción subsidiaria.

Interrogado sobre las perspectivas del borrador, Mutinga ha lamentado que probablemente no salga adelante porque el Parlamento no se atreva a aprobar una ley de esta naturaleza.

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