Portugal.- El 80% de la administración pública portuguesa se suma a la huelga general de hoy, según los sindicatos

LISBOA 9 Nov. (de la corresponsal de EUROPA PRESS, Patricia Ferro) -

La huelga general de dos días de la administración pública portuguesa en protesta por la "intransigencia a la hora de negociar" del Gobierno que preside el socialista José Sócrates está teniendo en la primera jornada una adhesión del 80%, según los sindicatos.

Además de la administración, en Lisboa y en Oporto también están en huelga los trabajadores del metro, aunque solamente hasta las 12 del mediodía, y en la capital del país hay que sumar el paro de los trabajadores de la línea de barco que une las dos márgenes del río Tajo, lo que ha envuelto a la ciudad en un caos durante toda la mañana, aunque ahora comienza a normalizarse.

El paro apoyado por la gran mayoría de los sindicatos de la administración pública está paralizando el país ya que afecta a funcionarios administrativos y judiciales, profesores, médicos, enfermeras y basureros, entre otros. El objetivo de esta protesta, que se ampliará a mañana y que no incluye ninguna manifestación, se debe a la negativa del Gobierno a la hora de sentarse a negociar.

Según los sindicatos, el Ejecutivo es "intransigente a la hora de negociar" ya que se sienta a la mesa sin la intención de alterar sus propuestas en aspectos como el aumento salarial, la subida de las contribuciones o la ampliación de la congelación de la progresión automática de las carreras.

Esta es la segunda huelga general de la administración pública en cuatro meses y el objetivo es el mismo: protestar contra una gran parte de la reforma de la función pública que pretende realizar el Gobierno, "la más importante desde el 25 de abril de 1974", según el propio Ejecutivo.

Esta reforma prevé la reorganización y la extinción de servicios, listas de funcionarios que sobran y reducción salarial para los que no estén integrados, transferencia de funciones a trabajadores privados, límites en la progresión de las carreras, nuevas reglas de evaluación del trabajo, generalización del contrato individual y cambios en la forma de acceso a la reforma.

Pero de todo el proyecto de reformas el punto más contestado es el diploma de la movilidad, al abrigo del cual los funcionarios que sobren en un servicio serán transferidos a otro o enviados a casa cobrando bastante menos de su sueldo.

Sin embargo, algo parecido realizó el socialdemócrata Aníbal Cavaco Silva en 1992, cuando era primer ministro, con la "Ley de los disponibles", que aunque fue aprobada nunca se aplicó. También José Manuel Durao Barroso, actual presidente de la Comisión Europea, intentó reformar la función pública durante su breve mandato como jefe del Gobierno, pero sin éxito.