NAIROBI, 18 Oct. (Reuters/EP) -
El presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, ha estampado este martes su firma en un decreto para que el país deje de formar parte de la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional (TPI) de forma inmediata, una propuesta que el Parlamento burundés aprobó de manera casi unánime la semana pasada.
Esta medida llega tras las quejas de muchos líderes del continente, que aseguran que el TPI acusa de forma desproporcionada a los africanos. El pasado 12 de octubre, sólo dos parlamentarios votaron a favor de continuar en el TPI, mientras que 94 diputados votaron en contra y 14 se abstuvieron.
Este martes, el presidente de la Asamblea de Estados parte del Estatuto de Roma, Sidiki Kaba, ha expresado su preocupación por esta decisión y ha emplazado a las autoridades burundesas a iniciar un "diálogo" para resolver cualquier discrepancia, según un comunicado de la corte internacional.
En abril, el TPI abrió una investigación preliminar sobre Burundi por supuestos casos de asesinato, encarcelamientos ilegítimos, tortura, desapariciones forzosas y violencia sexual por parte de las autoridades. El país se vio inmerso en una ola de violencia a raíz de la decisión del presidente de optar a un tercer mandato.
El Gobierno de Burundi mostró su indignación el mes pasado a raíz de un informe de Naciones Unidas que acusaba de forma directa a varios altos cargos de la Administración de Nkurunziza de haber orquestado la tortura y el asesinato de varios miembros de la oposición.
Desde entonces, Buyumbura ha prohibido la entrada de tres enviados diferentes de las Naciones Unidas en el país y ha condenado la decisión de la ONU de establecer una comisión de investigación sobre los casos de violencia por parte de las autoridades en Burundi.
El TPI declaró en abril que la violencia política había provocado la muerte de al menos 450 personas en el país, obligando a miles de ciudadanos a huir de sus casas a raíz de los disturbios y los enfrentamientos entre los seguidores del presidente y la oposición.
Desde que fue formado en 1998 bajo el Estatuto de Roma, el TPI, que tiene su sede en la ciudad neerlandesa de La Haya, se ha centrado en juzgar delitos a gran escala cometidos por líderes o antiguos líderes políticos, como genocidios o crímenes contra la humanidad.
Nueve de las diez investigaciones que se están desarrollando ahora mismo en el TPI son de países africanos. Los cinco veredictos que ha emitido en sus casi 20 años de historia han sido contra antiguos líderes o altos cargos del continente africano.
