WASHINGTON, 24 Feb. (Reuters/EP) -
La Cámara de Representantes de Estados Unidos tomará acciones legales en caso de que el presidente, Barack Obama, intente transferir presos de Guantánamo a centros de detención dentro del territorio estadounidense, ha informado el presidente de la cámara, Paul Ryan, este miércoles.
"Nuestra ley es muy clara", ha advertido Ryan tras una reunión de la Cámara de Representantes. "Estos detenidos no pueden pisar territorio estadounidense", ha añadido. Según el portavoz, Obama estaría incurriendo en un delito si finalmente trasladara a los prisioneros del centro de detención en Cuba, infringiendo una ley sancionada por el Congreso en 2015.
"Estamos preparando acciones legales en caso de que el presidente intente infringir la ley", ha advertido Ryan. "Lo que me pasma es que el presidente esté contemplando dirigir conscientemente a los militares contra la legislación", ha añadido. Dicho movimiento supone para el presidente un abuso del sistema de separación de poderes regido por la Constitución, al tiempo que ha afirmado que miembros del Partido Demócrata se oponen también al traslado de los presos.
El plan del Pentágono propone trece localizaciones potenciales en territorio norteamericano para retener a entre 30 y 60 detenidos en prisiones de máxima seguridad, aunque no se han identificado explícitamente dichas instalaciones.
Obama está considerando emprender medidas ejecutivas para cerrar las instalaciones de Guantánamo, en el sureste de Cuba, en caso de que el Congreso no cambie de opinión con respecto a las transferencias. Este martes, la Casa Blanca ha declinado descartar una opción unilateral.
La Cámara de Representantes, dominada por una mayoría republicana, presentó una demanda contra la Administración Obama por el gasto de miles de millones de dólares en el programa sanitario, conocido como 'Obamacare'. En septiembre de 2015, un tribunal federal aprobó la tramitación de la demanda.
El predecesor de Obama, George W. Bush, abrió la prisión de Guantánamo a principios de 2002 para albergar a los sospechosos por terrorismo capturados tras los atentados del 11-S. El centro ha sido criticado por organizaciones para la defensa de los Derechos Humanos y Gobiernos extranjeros. La mayoría de los presos llevan retenidos más de una década sin haber sido sometidos a juicio.
