NUEVA YORK, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Departamento de Estado estadounidense acusó al Gobierno ruso de socavar la libertad de expresión y la independencia de los medios de comunicación en su informe anual sobre Derechos Humanos publicado este jueves.
El informe, relativo al año pasado, critica al Gobierno ruso por dirigir las políticas editoriales de los medios estatales, presionar a los medios independientes para que no hagan una cobertura crítica e intimidar a algunos periodistas para hacer que ellos mismos se autocensuren.
Asimismo, señala que en 2009 varios activistas pro Derechos Humanos y un total de ocho periodistas fueron asesinados por desconocidos. En particular, alude al caso de la activista Natalia Estemirova, que dedicó más de una década a documentar asesinatos, torturas y desapariciones en los cuales implicó a las autoridades chechenas, y por el que no se ha realizado ningún arresto ni se ha procesado a nadie.
"El Gobierno ha intentado cada vez más restringir la libertad de los medios de comunicacion para cubrir asuntos sensibles, como la conducta de las fuerzas federales en Chechenia, los abusos de Derechos Humanos y las críticas a algunos líderes del Gobierno", destaca el informe.
El informe también menciona que muchos observadores han constatado la tendencia de las autoridades a alentar las manifestaciones a su favor e impedir las políticamente sensibles.
También acusa al Gobierno ruso de restringir las actividades de las ONG. En este sentido señala que a pesar de que el presidente, Dimitri Medvedev, se comprometió a eliminar algunas de las restricciones, las enmiendas no fueron aplicadas a las ONG internacionales.
CONFLICTO EN EL CÁUCASO NORTE
El informe 2009 sobre Derechos Humanos del Departamento Estado estadounidense constata que la situación en el Cáucaso Norte ha empeorado, mientras el Gobierno ruso lucha contra los insurgentes, los milicianos islamistas y las fuerzas criminales.
"En Chechenia, Ingushetia y Daguestán, el número de asesinatos extrajudiciales aumentó considerablemente, así como el número de ataques contra las fuerzas del orden público", indica el documento.
Además, el texto se hace eco de las denuncias sobre la implicación de las autoridades locales y los insurgentes en asesinatos, torturas, abusos, violencia, secuestros políticamente motivados y otros tipos de trato brutal o humillante. Asimismo, denuncia la impunidad de algunas autoridades que actuaron independientemente del Gobierno federal para tomar represalias contra las familias de presuntos insurgentes y participar en asesinatos, torturas y castigos extrajudiciales.
