BRUSELAS, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea se declaró hoy incompetente para mediar en las denuncias de varios padres de nacionalidad italiana contra la denegación del acceso de sus hijos a la escuela pública en la Comunidad de Madrid tras haber cursado la guardería en la Escuela Italiana de la capital. Bruselas dice que no puede hacer nada ni desde el punto de vista de las políticas de educación y ni que por lo que respecta al eventual respeto de los derechos de los consumidores. El comisario de Educación, Jan Figel, afirmó que la Comisión no tiene competencias para mediar en el caso en su respuesta a la pregunta formulada por el eurodiputado italiano del Partido Popular Europeo (PPE) Mario Mauro acerca de la presunta "discriminación" de la que están siendo objeto algunos niños italianos residentes en Madrid, que inician su educación preescolar en la Escuela Italiana, reconocida por el Ministerio italiano de Educación, y que posteriormente ven denegado su acceso a la escuela primaria madrileña.
Mauro trasladó al comisario el proceso de denuncias que emprendieron en Italia los padres de cuatro menores para hacer valer en Madrid la ley italiana que indica que "los niños que alcanzan la edad de seis años antes del 30 de abril de 2008 podrían enrolarse antes en la escuela obligatoria y en los colegios dirigidos por el estado Italiano, que deben aceptarlo".
A pesas de que el contencioso tiene lugar en Madrid, el eurodiputado apunta que la Escuela Italiana está "gobernada según la ley italiana", "situada en suelo italiano", dentro del consulado general italiano" y "su principal propósito debería ser capacitar a los niños de ciudadanos italianos residentes en el extranjero a recibir la misma educación que se provee en Italia".
En su respuesta, Figel precisó que en este caso pueden concurrir dos tipos de políticas, la primera sobre educación, donde el comisario recuerda que "el contenido y la organización de los sistemas educativos descansa en los Estados miembros" y que, por tanto, "la Comisión no tiene ningún comentario ni manera de intervenir".
El segundo aspecto por el que este suceso podría tratarse sería por el del "derecho de educación de los consumidores" que, según Figel, tampoco es de aplicación, puesto que "la admisión de los niños a la escuela pública no da lugar a ningún contrato en el sentido de la Directiva sobre derechos contractuales de los consumidores".
