La ultraderecha rumana se reagrupa tras el veto a Georgescu y no descarta nuevo candidato para las elecciones

Bruselas evita tomar partido

MADRID/BRUSELAS, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ultraderecha rumana ha cerrado filas este lunes alrededor del vetado candidato presidencial Calin Georgescu y ha afirmado que pelearán "hasta el final", después de la airada respuesta del domingo a la decisión de la justicia electoral de desestimar la participación de éste en las elecciones de mayo.

"Vamos juntos hasta el final por los mismos valores: paz, democracia, libertad", ha manifestado Georgescu junto al jefe de Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR), George Simion, y la líder del Partido de los Jóvenes (POT), Anamaria Gavrila, en un vídeo en redes sociales.

Georgescu también ha hecho un llamamiento a la calma, después de que el domingo se registraran disturbios y episodios de violencia, con una docena de agentes antidisturbios heridos, y de que Simion llegara incluso a manifestar que los jueces de la comisión electoral deberían ser "desollados" en la plaza pública.

"Con unidad saldremos de este callejón sin salida", ha dicho Simion, quien en una rueda de prensa anterior ha matizado sus declaraciones del domingo, afirmando que se trataba de una "metáfora" para hablar sobre la necesidad de "despojar" a los miembros de la comisión de sus privilegios.

En esta comparecencia ante los medios, Simion no ha descartado un candidato alternativo, incluido él mismo, para las elecciones de mayo, si bien ha condicionado cualquier decisión al "consejo de Georgescu", que es quien decidirá qué camino tomar. "Es su decisión", ha dicho.

"No importa cuántos abusos cometan, tenemos el voto, la democracia de nuestro lado y el poder del pueblo", ha dicho en referencia al triunfo de Georgescu en la primera vuelta de las canceladas elecciones de diciembre. "Tendremos el voto de nuestro lado y volveremos a entrar en el proceso democrático", ha remarcado.

Un día antes, la comisión electoral asestó a Georgescu su segundo revés en apenas unos meses y le privó de participar en las presidenciales de mayo. En diciembre, a dos días de la segunda vuelta, el Tribunal Constitucional canceló los comicios que había ganado en primera ronda por irregularidades en la financiación de su campaña y en medio de acusaciones de injerencia extranjera.

Ahora, Georgescu dispone de 24 horas para recurrir la decisión ante el Constitucional, en un momento además en el que no sólo tiene el favor de una mitad de la población rumana --las encuestas vaticinan un apoyo de entre el 40 y el 45 por ciento-- sino también el de la Administración Trump, como dejó patente el vicepresidente JD Vance en la última conferencia de seguridad de Múnich.

Las últimas decisiones de la Justicia rumana no han hecho más que aumentar los índices de popularidad de Georgescu, que ha basado gran parte de su discurso en apuntar hacia aquellas élites e instituciones que, en su opinión, ahora le privan de participar en las elecciones.

Mientras tanto, Georgescu se enfrenta a seis delitos en una investigación sobre la financiación de su campaña, que incluye una acusación por liderar una supuesta organización fascista.

BRUSELAS EVITA TOMAR PARTIDO

Entretanto, la Comisión Europea ha evitado dar su opinión sobre la decisión de Comisión Electoral de Rumanía y se ha limitado a subrayar que es una cuestión interna y que Bruselas "no comenta procesos electorales" en los Estados miembro ni interfiere en ellos.

"Seamos claros, las elecciones son una competencia electoral y la Comisión no se pronuncia sobre le proceso electoral rumano, que es un asunto para las autoridades rumanas y para el pueblo rumano", ha defendido el portavoz comunitario de Democracia y Estado de derecho, Markus Lammert, al ser preguntado en una rueda de prensa.

Preguntado por si el Ejecutivo comunitario confía en la capacidad de la comisión electoral rumana para tomar medidas tan drásticas como el veto a una candidatura, el portavoz se ha limitado a indicar que "la Comisión no interfiere en las elecciones nacionales de ninguna manera" y que es un asunto que recae sobre las autoridades nacionales y, en última instancia, sobre la ciudadanía.