SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción, tras el acto del pasado viernes en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), ha considerado que "no existen razones legales para justificar la descatalogación de los sebadales" en Granadilla (Tenerife) tal y como resaltaron funcionarios del Servicio de Biodiversidad en varios informes, según informó la organización en un comunicado.
En la nota, la federación ha subrayado que la ley deja claro que sólo se puede descatalogar una especie amenazada cuando, tras haber aplicado los planes de recuperación de la especie --establecidos por la ley-- y haber eliminado los factores de riesgo y amenaza que propiciaron su protección --urbanización, infraestructuras, emisarios, entre otros--, la especie pueda desarrollarse en el medio natural en condiciones óptimas sin la necesidad de una protección específica. "Este no es el caso de los sebadales", sentencian los ecologistas.
Por otro lado, han insistido en que la legislación relativa a la protección del patrimonio natural y de la biodiversidad no admite la descatalogación de una especie amenazada por otras razones que no sean las de conservación. Esta salvaguarda viene recogida en nuestro ordenamiento jurídico desde hace más de veinte años y forma parte de nuestro acervo histórico resultado de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado Español (Convenio de Berna, Convenio de Rio, etc).
Cpn estos argumentos, las federación concluyó que la especie Cymodocea nodosa en Canarias no puede ser descatalogada ni como especie, ni como población y aún menos se podrían descatalogar los ejemplares de Granadilla de forma aislada.
Los ecologistas han reclamado, en su comunicado, que la Administración Autonómica y la Administración del Estado muestren un mayor interés en conocer la legislación sobre biodiversidad y "dediquen más esfuerzos para que se cumpla". El sistema de protección de las especies catalogadas establece que sólo se puede ceder en casos muy específicos como por razones de seguridad o salud de las personas.
"Por este motivo la construcción de un puerto no justifica la descatalogación de una especie protegida. La administración trata de silenciar un hecho absolutamente sorprendente ya que el Puerto de Granadilla no ha sido aprobado por el Ministerio de Fomento, órgano competente para hacerlo de conformidad con la Ley de Puertos", han argumentado desde Ben Magec.
"No tiene sentido que se pida un aval de 31 millones de euros a una organización social ecologistas que defiende el interés general medio ambiental de Canarias, ya que lo que está en tela de juicio es una descatalogación irregular de una especie protegida amenazada de gran importancia. Por lo que las consecuencias de paralización del puerto de Granadilla que el mantenimiento de la suspensión cautelar implicaría debe caer en la instituciones que han tramitado dicha descatalogación" añadieron.
"Estamos convencidos de que la justicia no puede ignorar que si dentro de un año se anulara la orden de descatalogación, la sentencia sería papel mojado porque los sebadales habrían desaparecido bajo toneladas de cemento", concluyen en su nota.