LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -
El fiscal Vicente Garrido ha realizado este viernes las conclusiones del juicio que se ha venido celebrando contra el juez Salvador Alba, suspendido actualmente de empleo y sueldo, al que ha acusado de actuar de forma "clandestina" al ocultar la reunión e información que mantuvo con el empresario y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, en el marco de un procedimiento que éste tenía en el Juzgado de Instrucción Número 8 de Las Palmas, del que era titular Victoria Rosell, si bien estaba en ese momento al frente Alba por sustitución.
En el marco del procedimiento abierto a Ramírez por un delito contra la Seguridad Social y Hacienda, Alba mantuvo un encuentro con Ramírez en su despacho de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, reunión que fue grabada por el empresario, quien posteriormente aportaría dicho audio.
Así, por estos hechos, al magistrado Salvador Alba se le pide que sea condenado por delitos como el de prevaricación judicial, cohecho, falsedad y revelación de secretos, entre otros, que le podría suponer penas de años de cárcel e inhabilitación.
Es en este marco en el que Garrido, tras varios días de juicio en el que han pasado por la sala testigos de todas las partes, así como han declarado los peritos con conocimiento técnicos e informáticos para verificar la autenticidad o no de la grabación que se ha aportado como prueba fehaciente de la reunión entre Alba y Ramírez, ha incidido en la autenticidad del audio, así como lo expresado al respecto por parte de los agentes de la Guardia Civil.
Para seguidamente acusar a Alba de soslayar la "garantía irrenunciable" de un ciudadano investigado en un procedimiento, como es el derecho de defensa, justificándolo en el hecho de que el juez se reunió con Ramírez sin presencia de uno de sus abogados, Sergio Armario, que supuestamente esperó fuera del despecho de Alba.
Esto, dijo, motivó una reunión "clandestina", que consideró "no es por razón de lugar, que también, la clandestinidad es por el ocultamiento al resto de las partes y la privación del derecho de defensa". Añadió que un juez instructor "debe velar por el cuidado más escrupuloso" de esta garantía "básica e irrenunciable" como es la asistencia de letrado, apuntando que "nadie elimina al letrado si lo que va a tratar no le compromete".
Asimismo, agregó que la petición del juez para que Ramírez entrara al edificio judicial por el garaje "no es habitual" a pesar de la "apariencia de normalidad que se le quiere dar", ya que lo "normal", dijo, es que Miguel Ángel Ramírez "hubiera entrado por donde todo entra 'perro pichichi', por la puerta principal".
El fiscal justifica además esa acusación de "clandestinidad" en la omisión, apuntó, por parte de Alba del encuentro con Ramírez en "todos" los informes presentados al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
PERJUDICAR A ROSELL
Para Garrido, el magistrado "siempre" utilizó el proceso penal de Ramírez para buscar el "perjuicio y daño" a Victoria Rosell, ya que consideró que el juez utilizó una "aparente causa procesal" --la relación empresarial entre Ramírez y la pareja de Rosell, Carlos Sosa-- para "perjudicar a la magistrada".
En relación con ello, el fiscal cree que Alba "arbitró una serie de mecanismos" que "siempre" converge en un "ánimo espurio e interés personal" contra Victoria Rosell. Por ello, consideró que "mercadea" con unos contratos y utilizó su "condición de poder" para ir contra la magistrada.
Así, es en la cesión del contrato que le hizo Ramírez a Alba del acuerdo entre Clan de Medios, empresa del periodista Carlos Sosa, y la UD Las Palmas para explotar una frecuencia del equipo de fútbol grancanario por 300.000 euros, el fiscal considera que existe un delito de cohecho al fijarlo como "favores inmateriales", ya que apuntó que los contratos "fueron el motor" del acusado para lograr su finalidad de perjudicar a Victoria Rosell.
PLAN PARA HUNDIR A ROSELL
Por su parte, el abogado de la acusación particular, Antonio Marrero, también ha incidido en que Alba "urdió un plan para hundirla" a Victoria Rosell, ya que en consonancia con el fiscal señaló que "no" se le puede dar ese "carácter de normalidad" a la reunión entre Alba y Ramírez que, agregó, tras celebrarse el juez obtiene el contrato del empresario y Sosa para "perjudicar a Rosell a cambio del archivo del procedimiento penal" del presidente de la UD Las Palmas.
También le acusó del delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios, así como de prevaricación judicial al "instar al investigado en la declaración".
Asimismo, consideró que existe revelación de secreto porque la ampliación de la querella que en ese momento tenía el exministro José Manuel Soria contra Rosell es "un copia y pega" del informe de Salvador Alba, matizando que "cronológicamente dice todos los hitos procesales" Soria, algo que consideró "bastante evidente".
Marrero concluyó su exposición aludiendo al "daño personal" que Alba ha causado a Rosell y a su familia, además de que la jueza tuviera que dimitir como diputada de Unidas Podemos ante lo que se publicaba sobre este asunto.
Por último, la acusación popular que representa a Carlos Sosa y Unidas Podemos, los letrados Luis Vall y Sandra Rodríguez, respectivamente, han ratificado lo dicho por el fiscal y la acusación particular, si bien Rodríguez subrayó que los hechos que se juzgan son "graves, gravísimos", agregando que "ninguna corrupción es más dañina, que la de los jueces".
Rodríguez señaló que en este caso la justicia "no puede suspender" el examen, ya que apuntó que Alba es una persona que "ha quebrantado sus deberes" por, dijo, "acabar" con la carrera profesional de Rosell.
