Archivo - Consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, durante un Pleno en el Parlamento canario - CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL - Archivo
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Política Territorial, Aguas y Emergencias del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha avanzado este jueves que ya se han abonado 275 millones de euros por un total de 27 acuerdos suscritos con empresarios turísticos debido a las moratorias.
En una comparecencia en comisión parlamentaria ha detallado que el 14 de agosto se hizo el primer pago con 25 acuerdos por importe de 261 millones, intereses incluidos, y el segundo pago se aprobó el 26 de octubre, que incluía 13,9 millones de importe de capital y de interés, y aún quedan algo más de 40 millones por cubrir.
Concretamente ha señalado que hay un total de 36 acuerdos de los que 32 ya están homologados en sede judicial, de tal forma que falta por abonar nueve.
El consejero ha valorado que se hayan evitado pleitos "casi 20 años después" y revertido el sistema desarrollista "heredado en la segunda mitad del siglo XX", y se ha pasado de reclamaciones de 990 millones a 316 millones --intereses aparte--.
Miranda ha dicho que la valoración de la cuantía económica correspondiente a cada uno de los acuerdos se ha realizado por parte de funcionarios de la comunidad autónoma a través de cálculos "completamente objetivos" y no depende de los aprovechamientos urbanísticos del suelo pues el promotor "mantiene su uso".
Además ha comentado que descarta el lucro cesante y se opta por calcular la indemnización aplicando el interés legal del dinero para calibrar la "pérdida de oportunidad" entre el 13 de noviembre de 2009, fecha límite para presentar las solicitudes, y el 31 de enero de 2025.
Ha destacado el "rigor" del procedimiento y el aval técnico y jurídico y está convencido de que se ha logrado un "buen acuerdo" para los intereses generales de Canarias. "La fórmula que se ha buscado es la más conveniente", ha indicado.
Miranda ha comentado que a este Gobierno "le ha tocado gestionar las consecuencias de decisiones de varios gobiernos que con buena fe trataron de paralizar el crecimiento turístico" y ha reprochado al 'Pacto de las Flores' que no tratara de solucionar el litigio en la pasada legislatura.
El consejero ha advertido de que en caso de no cerrarse el proceso ahora o "cerrarse en falso" hubiese provocado una "cascada de denuncias" y "dar una patada hacia delante" y esperar diez o 15 años más hubiera generado 800.000 euros mensuales de intereses y un "roto inasumible y una catástrofe" a las arcas autonómicas en caso de derrota.
"Este Gobierno por supuesto no va a jugar con esa incertidumbre ni con el dinero público", ha destacado, subrayando que le da "tranquilidad" que la justicia haya avalado los acuerdos y no afecte a futuros gobiernos.
"NO DEJAR HERENCIAS ENVENENADAS"
"El objetivo de todo el procedimiento ha sido no dejar herencias envenenadas a los canarios y canarias del futuro, no dejar hipotecas sin pagar que pudieran condicionar los presupuestos del futuro, creemos que así actúa un Gobierno responsable asumiendo retos y dificultades por muy espinosas que sean y planteando soluciones", ha señalado.
Esther González (NC-BC) ha señalado que hubiera sido una "temeridad" pagar lo que los empresarios pedían pero al mismo tiempo ha pedido conocer por qué se llegó a la conclusión de abonar 316 millones y dudado de si el Gobierno a hecho todo lo posible por defender el interés general.
"Reconocer una obligación no significa dar por bueno cualquier cantidad", ha indicado, al tiempo que ha precisado el "temor" que hay en el expresidente canario y el exvicepresidente, Paulino Rivero (CC) y José Manuel Soria (PP), respectivamente, por no cumplir con la ley de 2009 y el artículo 17 ya que también hubo reclamaciones por las moratorias de 2001 y 2003 y fueron desestimadas.
"Esa moratoria tuvo coste cero con lo cual, algo en esta se hizo mal", ha destacado.
González ha instado al consejero a decir "qué riesgo valoró, con qué informe y por qué consideró que estos acuerdos eran la mejor opción" y no entiende que se haya sentado a negociar "sin tener todos los informes de valoración, los que determinaban el mantenimiento de los derechos y las alternativas posibles y costes de cada opción".
En esa línea ha afirmado que el jefe de servicio de Valoraciones elaboró 36 informes en 2020 y 2021 que "reducían de forma muy importante las cantidades reclamadas por los promotores" y la opción elegida por el Gobierno las duplica.
"No hablamos de calderilla, estamos hablando de cientos de millones de euros y además no basta con responder que una negociación puede alcanzar o puede servir para alcanzar acuerdos, eso no convierte automáticamente el acuerdo en bueno, válido o aceptable", ha destacado.
PP: "AFRONTAR EL PROBLEMA"
Luz Reverón, portavoz del Grupo Popular, ha indicado que se trata de un "problema heredado" consecuencia de decisiones adoptadas hace años y de procedimientos judiciales que han generado responsabilidades a la comunidad autónoma y por ello se ha decidido "afrontar el problema".
Ha admitido que 316 millones "es una cantidad importante" pero en el actual contexto de reclamaciones y litigios judiciales "no se trata solamente de cuánto cuesta resolver un problema, sino se trata de saber también cuánto podría costar no resolverlo".
Natalia Évora (CC) ha señalado que se trata de un "problema heredado" de hace dos décadas "que en su momento no se afrontó" y ahora se trataba de evitar que acabara convirtiéndose en una "carga insostenible" para las cuentas públicas de Canarias.
En ese sentido ha comentado que los acuerdos "representan la opción de menor coste y riesgo" para la comunidad autónoma.
Nayra Alemán (PSOE) ha comentado que quiere "saber cómo" se ha llegado a fijar en 316 millones el acuerdo de indemnización porque "el papel aguanta todo lo que le echen", por lo que ha instado al consejero a que le entregue el expediente al completo.
"Estamos hablando de dinero público y nuestra obligación es garantizar que cada euro de dinero público, cada euro que sale de las arcas autonómicas, tiene que estar justificado debidamente y sobre todo debe responder al interés general de Canarias", ha afirmado.
