Un informe del Ayuntamiento de Mogán sostiene que las subastas por las que se investiga a Canales no se celebraron

MOGÁN, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un informe municipal sostiene que las subastas públicas por las que el juez imputa al empresario Juan Álvaro un delito de alteración de precios no llegaron a celebrarse. Se trata de tres pujas al mejor postor que fueron convocadas por el Ayuntamiento de Mogán para enajenar terrenos embargos a sus propietarios por el impago de deudas.

La fecha para subastar los bienes inmuebles se publicó en el Boletín Oficial del Estado y se fijó para el mes de julio del año 2004, concretamente el día seis y en el salón de plenos del consistorio sureño. Sin embargo, los procedimientos de venta no se llevaron a cabo porque los propietarios de las fincas saldaron con anterioridad la deuda tributaria que mantenían con la administración, quedando por tanto las subastas desiertas por falta de licitador en los tres casos.

El informe ha sido elaborado por el departamento de Tesorería a principios de este mes de febrero, y recoge todos los procedimientos de enajenación mediante subasta pública de bienes inmuebles embargados por el Servicio de Gestión Tributaria, que el gobierno local ha realizado desde el pasado mayo de 2003 hasta la fecha.

En cualquier caso, el titular del juzgado de San Bartolomé de Tirajana que investiga el caso de corrupción descubierto en Mogán, Alexis Reyes Negrín, ha imputado al empresario el delito de alteración de precio para subastas públicas, además de malversación de caudales públicos, revelación de secretos y tráfico de influencias.

El propio Canales aseguró que hacía al menos un año que no acudía a las pujas públicas, pues estaba más centrado en sus negocios de restauración que en la inmobiliaria que posee a la entrada de Arguineguín. Esta afirmación la realizó unos días antes de que la policía y el juez pusieran en marcha la segunda fase de la operación Góndola, por la que fue apresado y acusado luego de los cargos mencionados antes de quedar en libertad sin fianza. El magistrado también decidió abrirle una causa separada por estafa.

Asimismo, las conversaciones telefónicas intervenidas por la policía revelan que Canales tenía contactos en el interior de la corporación para acceder en condiciones ventajosas a las subastas que se convocaban. De esta forma conseguía información sobre terrenos que se iban a poner en venta. De hecho, la policía investiga conversaciones mantenidas con el propio alcalde, Francisco González, pues existen sospechas de que era el regidor quien le suministraba al empresario ese tipo de datos. En ese sentido, ambos están imputados por malversación de caudales públicos, ya que esas prácticas pueden suponer un quebranto para el patrimonio municipal, sobre todo si con ellas se impide que otras personas acudan a las subastas para pujar al alza por el precio de los bienes.