Lubina incautada en una operación de la Guardia Civil contra el robo de pescado en una piscifactoría del sur de Gran Canaria - GUARDIA CIVIL
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas, en el marco de la 'Operación Seabass', ha investigado a cinco personas por el robo de pescado en una piscifactoría del Castillo del Romeral, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).
De esta forma, han desarticulado un entramado delictivo dedicado al robo sistemático y posterior comercialización ilícita de lubinas. Los hechos, indica la Guardia Civil en nota de prensa, se venían produciendo desde el mes de mayo en las instalaciones marinas ubicadas en el Castillo del Romeral, dentro del municipio de San Bartolomé de Tirajana.
Sin embargo, las pesquisas comenzaron en el mes de agosto después de que la empresa perjudicada por los robos y roturas de redes que sufría en sus viveros interpusiera una denuncia formal.
Para el esclarecimiento de los hechos, indican que fue "imprescindible" la aportación de un dosier de seguimiento previo encargado por la propia firma afectada. Estos datos han permitido a los agentes del Equipo ROCA constatar la existencia de un grupo organizado compuesto por tres personas que utilizaba dos embarcaciones semirrígidas para aproximarse a las jaulas marinas.
De esta forma, mientras una de ellas realizaba labores de vigilancia en la superficie, las otras dos se sumergían equipadas con fusiles de pesca submarina para capturar ilegalmente las lubinas de gran tallaje, perforando las redes a casi dos metros de profundidad.
Posteriormente, el género era transportado por carretera y distribuido de forma clandestina en establecimientos de restauración de las zonas costeras del sur de la isla.
Ante el conocimiento de estos datos, el 22 de septiembre la Guardia Civil, en una acción conjunta con el Servicio de Inspección Pesquera y las autoridades sanitarias del Gobierno de Canarias, coordinó una inspección técnico-sanitaria urgente en los locales identificados.
Estos registros permitieron retirar "de inmediato" del mercado un total de 40,2 kilos de lubinas de procedencia ilícita, capturadas de forma furtiva y carentes de cualquier tipo de etiquetado, factura o control de trazabilidad.
POSITIVO EN CIGUATOXINAS
Además en el marco de la intervención se detectó, en uno de los establecimientos inspeccionados en el municipio de Mogán, ejemplares de pejerrey, de origen injustificado, junto a las lubinas robadas, y siendo una especie sujeta a control oficial de ciguatoxinas, se remitieron muestras biológicas, con carácter urgente, al Instituto Universitario de Sanidad Animal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (IUSA), que confirmó un resultado positivo por presencia de ciguatoxinas.
Al respecto, puntualizan que esta "potente" neurotoxina "no se destruye" mediante el cocinado ni por congelación, por lo que afirman que constituía un "peligro grave y directo" para la salud de los comensales, lo que ha motivado la apertura de diligencias independientes por un delito contra la salud pública imputado directamente a la dirección del establecimiento.
Finalmente la operación ha concluido a mediados de octubre con cinco personas investigadas, no detenidas, tres de ellas como presuntas autoras materiales del robo con fuerza en la piscifactoría y dos como responsables de los locales de restauración de las zonas de Puerto Rico y Playa de Mogán por supuestos delitos de receptación al adquirir la mercancía ilícita para lucrarse.
La Guardia Civil matiza que la persona que ejerce la titularidad del local de Mogán suma a sus cargos el citado delito contra la salud pública. Asimismo los indicios y datos de filiación recopilados en un tercer establecimiento ubicado en San Agustín han sido trasladados a la autoridad judicial ante sospechas documentadas de descargas de pescado indocumentado.
La Guardia Civil y el Gobierno de Canarias advierten del grave riesgo sanitario que supone adquirir o consumir productos fuera de los cauces legales de comercialización al carecer de los controles que evitan intoxicaciones alimentarias por biotoxinas marinas.
También recuerdan la obligatoriedad de que todo producto pesquero destinado al consumo presente su lote y trazabilidad conforme a la Ley de defensa de la calidad alimentaria, único mecanismo que garantiza la seguridad y la salud de los consumidores.
