El nuevo decreto sobre suelo contaminado obligará a entre 1.000 y 1.500 empresas a informar sobre la calidad del suelo

LOGROÑO 17 May. (EUROPA PRESS) -

El nuevo decreto sobre suelo contaminado, que entró en vigor el año pasado, obligará a entre 1.000 y 1.500 empresas en La Rioja, unas 60.000 a nivel nacional, a adaptarse a esta normativa, según afirmó el director de la empresa URS, especializada en Medio Ambiente y Responsabilidad Social, Pedro Verzier.

Indicó que el Real Decreto 9/2005, aprobado el año pasado, pretende que las empresas "den información sobre la calidad de sus suelos, de la misma forma que dan información pública sobre emisiones de gases a la atmosfera, de vertidos de aguas residuales o de generación de residuos".

Para explicar esta nueva normativa, la Cámara de Comercio e Industria han celebrado hoy, en colaboración con el Ejecutivo regional, una jornada titulada 'Las empresas riojanas ante el R.D./2005 de suelos contaminados'.

En las jornadas, Verzier señaló que ya existía una Ley del año 1998 que contemplaba los suelos contaminados, si bien el nuevo decreto "obliga a dar información a la empresa de la calidad del suelo" y "considera el suelo como un recurso".

Verzier indicó que el coste de dar a conocer la calidad del suelo "dependerá de las empresas", si bien precisó que "no es muy costoso". Además apuntó que se pide que "conozcan la calidad del suelo y si hay contaminación que pueda causar un daño a las aguas subterráneas o a terceros" que se "corrija".

Ahora matizó que a las empresas se les pide un informe preeliminar sobre la situación de su suelo, que lo tendrán que tener preparado antes de febrero del 2007. En la ficha, que será remitida a la Administración, se contemplan datos sobre la industria, los productos que se almacenan o los residuos que se generan.

El decreto obliga al propietario de fincas en las que se haya realizado o se realice alguna actividad potencialmente contaminante a declararla en las escrituras públicas para la compraventa del terreno. En la normativa también se establece la lista de actividades industriales y comerciales consideradas como contaminantes de suelos.