Los acuerdos en materia de urbanismo no tendrán no serán obligatorios ni vinculantes para las administraciones implicadas
MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
El acuerdo marco sobre la Cañada Real Galiana firmado hoy deja pendiente la creación de un entidad u órgano que integre todas las administraciones implicadas, "con todas las competencias necesarias para acometer la actuación en su conjunto, desde el proyecto de urbanización hasta el realojo de las familias que no puedan quedarse en la zona".
La creación de este órgano ya no es obligatorio, algo que sí contemplaba el anterior informe, sino "deseable", ya que las administraciones intervinientes pueden acudir a cualquier de las fórmulas de ejecución del planeamiento legalmente previstas en la normativa urbanística.
La figura del consorcio desapareció, una vez recogidas alegaciones al plan, porque la nueva Ley de Administración Local prohíbe a los ayuntamientos endeudados por encima de ciertas cantidades participar en este tipo de entidades.
Por eso, según recoge el acuerdo firmado hoy, "la creación de la entidad no podrá suponer coste alguno para las partes firmantes del presente acuerdo", cumpliendo lo establecido en la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
De crearse, dicha entidad será beneficiaria de todos los derechos económicos que se generen con al venta de los suelos. Además, con carácter previo tendría que llevar a cabo el planeamiento adecuado de toda la Cañada Real que dé cobertura jurídica al desarrollo urbanístico y a la ejecución de las obras de urbanización que sean necesarias.
LOS ACUERDOS EN URBANISMO NO SERÁN VINCULANTES NI OBLIGATORIOS
Según el acuerdo, al que ha tenido acceso Europa Press, en dicho planeamiento se clasificará el suelo, se establecerán los usos, las intensidades edificatorias y el diseño de la estructura general de la trama urbana, tal y como establece la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid.
En un principio, se pretende que se desarrolle un modelo preferentemente de casas unifamiliares que no superen las dos plantas y con calles de coexistencias, "donde se mantengan las alineaciones en la medida de lo posible". Tendrán en cuenta las afecciones y servidumbres fijadas en la legislación sectorial correspondientes.
A pesar de todas estas indicaciones, el documentos recoge que los acuerdos alcanzados en materia de urbanismo no tendrán carácter obligacional y no vincula ni condiciona la potestad de planeamiento por las administraciones.
LOS REALOJOS
En materia de vivienda, se elaborará un estudio amplio (no sólo demográfico) que permita tener un buen soporte de información de la población afectada, "que podrá servir de base para una adecuada planificación de las actuaciones de realojamiento que, en su caso, resulten necesarias, en atención a las diversas situaciones en que se encuentre la población afectada".
Procurarán que todos los censados que cumplan los requisitos puedan acceder a la compra del suelo donde se asientan sus viviendas, pudiendo mantener éstas, "siempre que cumplan las condiciones de habitabilidad en el plazo que se estipule por la entidad u órganos que sería deseable crear".
Dicho órgano, que aún no se ha creado ni se sabe si se creará, procurará un mecanismo de realojo a aquellos residentes censados en su día por los ayuntamientos "que cumplan con los requisitos, pero cuya vivienda no reúna las condiciones de habitabilidad. Para aquellas familias de extrema vulnerabilidad se establecerán los mecanismos de realojo "más adecuados a su realidad".
"Asimismo, se estudiarán fórmulas de residencia en alquiler social tratándose, en cualquier caso, de soluciones de carácter temporal", señala el documento firmado.
ACTUACIONES EN MATERIA SOCIAL
El acuerdo, que otorga una importancia prioritaria a las actuaciones en materia social, señala que se desarrollará un Plan Integral de Actuación Social en el que participarán la Consejería de Asuntos Sociales, ayuntamientos, el Instituto de Realojo e Integración Social (IRIS) y las entidades sociales y vecinales. Para ello se creará una Mesa Social de carácter permanente, encargada de elaborar el Plan de Intervención social y el seguimiento del mismo.
Así, el trabajo en esta materia, se ha estructurado en tres áreas: educativo y laboral, con el objetivo principal de concienciar a la población de Cañada de la necesidad de participar en todos los niveles educativos, de importancia fundamental para su formación y posterior acceso al mercado laboral.
De este modo, en ese ámbito, se luchará contra el absentismo escolar a través de campañas de escolarización y protocolos de absentismo; se establecerán programas educativos para acceder al mundo laboral y se fomentará el conocimiento del español entre los inmigrantes para mejorar su integración con los españoles que viven en la zona.
También se promoverán acciones encaminadas a promover la igualdad de género, así como se propiciará un marco de inclusión socio laboral de los grupos más vulnerables, a través de formación y orientación; del mismo modo, se apoyará la creación de iniciativas de empleo y autoempleo y, de manera específica, a promoverlo entre las mujeres.
Además se aborda el área comunitaria, cuyo fin es mejorar las relaciones entre los vecinos, fomentando la cohesión social y territorial que proporcione la integración de los distintos grupos, colectivos y etnias que conviven en Cañada. La Mesa Social será la encarga de diseñar los planes de actuación que contempla el Acuerdo, con especial protagonismo en este ámbito para los servicios sociales de las administraciones.
Y, finalmente, el área sanitaria, que persigue mejorar las condiciones de salubridad y habitabilidad de la zona tanto de las viviendas como de la zona en su conjunto, haciendo especial hincapié en los programas antidroga.
Para ello, y en síntesis, se intervendrá en las situaciones de riesgo social --sobre todo entre los escolares-- para evitar alteraciones de conductas, problemas de salud mental o enfermedades infectocontagiosas o de higiene; se informará sobre el funcionamiento del sistema sanitario, se reforzarán las intervenciones con los drogodependientes y se realizarán programas específicos en este tema con las entidades sociales de la zona, además, se realizarán campañas específicas en el ámbito de la planificación familiar y se mejorará el seguimiento a personas enfermas y a los colectivos más vulnerables.
