Archivo - Instalaciones donde se está llevando a cabo la obra en el polígono de La Cantueña, a 5 de junio de 2024, en Fuenlabrada, Madrid (España). El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 24 de Madrid ha estimado la petición de medidas cautelar - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo
MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Fuenlabrada, el socialista Javier Ayala, ha reiterado este miércoles su rechazo al centro de menores migrantes de La Cantueña tras el reciente pronunciamiento judicial sobre la titularidad de la finca y ha asegurado que la Comunidad de Madrid "intentó castigar" a la ciudad con su ubicación.
Ayala ha sostenido que el Gobierno regional incumplió criterios básicos al situar el recurso "a más de tres kilómetros de cualquier síntoma de civilización", en un polígono industrial, y al concentrar a más de un centenar de menores cuando, a su juicio, la atención debería prestarse en espacios "más personalizados".
Asimismo, en declaraciones a los medios al término de la Junta Local de Seguridad, Ayala ha insistido en que el Ayuntamiento mantiene su reivindicación sobre la titularidad de la finca y del Cerro de La Cantueña, y continuará con el recurso presentado al entender que el inmueble está vinculado al mantenimiento de la zona.
El primer edil fuenlabreño ha lamentado además la falta de información por parte de la Comunidad de Madrid al respecto del funcionamiento del centro. "Es lamentable que el alcalde de una ciudad de 200.000 habitantes tenga que decir que no tiene ningún dato de lo que allí sucede", ha remachado.
Estas declaraciones de Ayala se producen después de que la Justicia haya dado la razón a la Comunidad de Madrid en el litigio sobre la finca de la Cantueña, donde el Gobierno regional proyecta construir un centro de primera acogida para menores migrantes no acompañados.
Una sentencia del Tribunal de Instancia de Madrid declara extinguida por su prescripción la condición resolutoria que pesaba sobre los terrenos y ordena su cancelación en el Registro de la Propiedad. El fallo --que aún puede ser recurrido-- estima concede al Gobierno regional la "única y exclusiva" titularidad de la finca.