Apoderado del Campus de la Justicia: “Nadie quería saber nada tras los comicios del 2011"

   MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El que fuera último apoderado de la sociedad Campus de Justicia desde octubre de 2011 a 2013, Javier Rodríguez Fernández, ha afirmado que tras las elecciones de 2011 tuvo la sensación de que "nadie quería saber nada" del proyecto y que se "dejó los nudillos de llamar a las puertas" para que se aprobarán las cuentas de 2010, algo necesario para poder avanzar en la liquidación de la sociedad.

   Además, ha detallado que trasladó a los responsables de la Consejería en aquel periodo la necesidad de avanzar el proyecto de liquidación de la sociedad pero que esa iniciativa no se cerró hasta bien entrado 2012 y que así se lo trasladó a los exconsejeros Regiña Plañiol y Salvador Victoria.

   Así lo ha manifestado en la comparecencia en la Comisión de Endeudamiento de la Comunidad de la Asamblea de Madrid, solicitada por Podemos, para explicar su función en la sociedad Campus de la Justicia y donde ha relatado que las cuentas de 2010 no contaban con ninguna irregularidad "grave", a pesar del "ruido" sobre esa posibilidad, y que existe un informe favorable de la Intervención General de la Comunidad, aunque con un par de salvedades.

   "La única irregularidad era el no aprobar las cuentas, nada más", ha señalado Rodríguez Fernández para añadir que un "consejero", sin citar explícitamente cuál en esta mención, le dijo que "a raíz del ruido de fondo" no quería presentar las cuentas porque las debían defender los que estaban "antes" e incluso abogaba reformular las cuentas de 2010 (que corresponden a la etapa de Francisco Granados al frente de la Consejería), algo que según ha dicho no podía hacerse "de oficio" y que ya había un informe hecho de auditoría, que además era favorable.

INSISTIÓ A PLAÑIOL Y VICTORIA DE APROBAR CUENTAS PARA LIQUIDAR

   En este punto, el último apoderado de la sociedad ha explicado también que insistió a los exconsejeros de Justicia Regina Plañiol y Salvador Victoria en la necesidad de avanzar en el proyecto de disolución, pues la sociedad prácticamente no tenía actividad, y que se tenían que aprobar las cuentas pendientes (2010 y 2011) para ello.

   A su vez, ha indicado que con la cercanía de las elecciones autonómicas de 2011, "todo el mundo se ponía de perfil", algo que ha lamentado porque la situación de no presentar ni aprobar las cuentas de años anteriores suponía un "coste político enorme", que derivaba en comparecencias periódicas para dar cuenta de la situación cuando no había irregularidades de calado. De hecho, cree que la "irregularidad" es "política" ante la situación de no aprobar las cuentas.

   El que fuera apoderado de la sociedad ha detallado también que el contrato con el arquitecto Norman Foster se licitó por una cantidad superior de 13 millones de euros y se adjudicó en cerca de 10,6 millones, pago que se realizó antes de que formara parte de la sociedad.

"ME HAN TENIDO EN UN CHISCÓN TRES AÑOS"

   A su vez, ha defendido que él no hubiera tolerado ninguna irregularidad en la sociedad Campus de la Justicia y que "así le ha ido", para afirmar ante los diputados que ha estado tres años sin trabajo tras cesar de su cargo. "Me han tenido en un chiscón", ha asegurado este ingeniero de caminos para relatar que cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector público y privado.

   Por otro lado, el que fuera apoderado de la sociedad han expuesto en la comisión que ésta estaba en un proceso sin actividad, "prácticamente parada" y donde "no había grandes contratos" pero sí menores como los referidos a seguridad y vigilancia o auditoría.

CRITICAS AL MERCHANDISING DEL CAMPUS

   Rodríguez Fernández ha criticado diversos aspectos de gestión del Campus de la Justicia como el hecho de desplegar artículos de merchandising (como paragüas, edición de libros o camisetas) y acciones de promoción del proyecto. A modo de anécdota, ha indicado que en su etapa mandó donar a una ONG una serie de camisetas sobre el Campus de la Justicia.

   A su vez, ha asegurado que la relación de arquitectos de reconocido prestigio para los edificios del Campus daba "vértigo", "asustaba" y que todos ellos presentaban proyectos singulares, lo cual "encarecía" el proyecto.

   Otra de las críticas que ha vertido, desde el punto de vista profesional, es la excesiva rotación de consejeros y viceconsejeros, unido a la falta de un plan estratégico general. En este punto, el último apoderado del Campus de la Justicia ha insistido en que faltaba "liderazgo" político para sacar el proyecto adelante porque "nadie quería saber nada".

   A su vez, ha lamentado que faltara un "plan riguroso de financiación" y que no hubiera un programa económico a medio o largo plazo. "Solo se funcionaba con tesorería", ha agregado en su comparecencia el apoderado, para afear también que no se contratara profesionales con experiencia en este campo.

   También ha dicho que se trataba de un proyecto "sobredimensionado" poniendo como ejemplo la sede del Instituto de Medicina Legal, un edificio de más de 14.000 metros cuadrados (cuando el Instituto Anatómico Forense era de 4.000) y que su estructura circular encarecía otros conceptos como el tener que encargar muebles a medida o aplicar más métodos de calefacción de los habituales.

   Por otra parte y sobre la situación financiera de la sociedad Campus de Justicia, ha asegurado que las obras de urbanización, túneles y del mencionado Instituto de Medicina Legal alcanzaban los 56 millones de euros mientras que en conceptos como consultoría, estudio o redacción de proyectos se situaba en unos 27 millones. Aparte, el coste de resolución de contratos rondaban los seis millones de euros.

   Rodríguez Fernández ha señalado que ya en 2006 estuvo en la Consejería de Justicia, concretamente asignado a la Academia de Policía, y que tuvo como jefe también al exconsejero Francisco Granados. También ha animado a los parlamentarios a solicitar todas las comparecencias posibles para "entre todos saber la verdad" sobre el proyecto del Campus de la Justicia.