Armengol sobre la Ley del Menor: "Los principios del Derecho dicen que la Ley se tiene que adecuar a la realidad social"

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, aseguró hoy que los principios generales del Derecho establecen que "la Ley se tiene que adecuar a la realidad social imperante en cada momento", por lo que se mostró partidario de reformar la Ley del Menor con el fin de evitar que se repitan casos como el de 'Rafita', que está siendo juzgado estos días por cometer algunos delitos mientras cumple la libertad vigilada de su condena impuesta por el asesinato de Sandra Palo, en el que participó siendo menor de edad.

"A diferencia de otro tipo de normativa como es la civil o la mercantil, las normativas penales, sean de mayores o de menores, siempre están expuestas a modificaciones penales de conformidad a la realidad social", afirmó Armegol en declaraciones a la Cadena Cope recogidas por Europa Press.

En este sentido, insistió en que los principios generales del derecho dicen que la normativa "necesariamente se tiene que adecuar a la realidad social imperante en ese momento" y abogó por escuchar "el clamor y lo que dice la población", además de prestar atención a los expertos.

Centrándose en el caso de 'Rafita', Armengol dijo que la normativa de menores "es la que hay" y establece que la pena interpuesta cuando se es menor de 18 años se cumple cuando se ha superado la mayoría de edad. "A partir de la mayoría de edad, empieza con el contador a cero, es decir, no tiene ningún antecedente penal", subrayó.

Así, precisó que hasta que 'Rafita' no tenga ninguna sentencia condenatoria como mayor de edad "no tendrá antecedentes penales", a pesar de que los hechos que cometió cuando era menor de edad fueron "gravísimos".

Finalmente, señaló que los estudios psiquiátricos y psicológicos a los que se ha sometido a gente como 'Rafita' vienen a ratificar que incluso con diez años "una persona es perfectamente consciente de lo que está bien y lo que esta mal, de lo que es delictivo y lo que no es delictivo".

Por ello, abogó por "no aplicar medidas draconianas duras de internamiento en centros cerrados" sino por empezar a implementar medidas socioeducativas a partir de los 13 años, entre las que citó obligar a escolarizar al menor infractor.