Varios de los imputados aseguran que recibieron amenazadas en sus declaraciones
MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -
El responsable de Asuntos Internos que dirigió la operación que desarticuló a un grupo dedicado a la filtración de exámenes de acceso a la Guarcia Civil ha negado en el juicio que los acusados recibieran coacciones y amenazas durante las tomas de declaración con la finalidad de destapar la trama.
El juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid sienta en el banquillo de los acusados a 14 personas, entre ellas varios guardias civiles. Se enfrentan a penas que oscilan entre los diez años y los seis meses de prisión por delitos continuados de revelación de secretos, con grave daño a la causa pública, y falsedad en documento oficial.
A preguntas de la fiscal acerca de las presuntas coacciones, el instructor de las diligencias contestó: "en absoluto". "Todas las manifestaciones fueron libres y voluntarias. Todas las declaraciones se realizaron con el máximo respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico", ha aseverado.
La pregunta se sustentaba en la declaración de varios guardias civiles que aseguraron la semana pasada que habían sido amenazados y vejados por sus propias compañeros.
Una de las acusadas llegó incluso a declarar que Antonio D.P, que se ausenta de la vista por enfermedad, la violó a punto de pistola. La imputada negó que recibiera las preguntas del examen a cambio de mantener relaciones sexuales.
Por otro lado, el acusado Antonio F.D, destinado en la Comandancia de la Guardia Civil de Orense, reconoció al tribunal que compró el examen en un local llamado 'El Bazar El Olivo' en Baeza (Jaén), donde "todo el mundo sabía que se podían adquirir". Además, denunció que recibió coacciones y amenazas por sus propios compañeros para inducirle a declarar sobre la supuesta trata de exámenes.
RELATO DE LA FISCALÍA
En el escrito de acusación, el fiscal relata que Paulino O.R. era el encargado de preparar, elaborar, custodiar y corregir los exámenes de acceso al Cuerpo y Promoción Interna de otros cargos del Instituto Armado. Entre sus cometidos figuraba también el de auxiliar y vigilar los exámenes hasta su traslado a Baeza, donde se celebraban las pruebas.
Durante 1997 y 2000, el procesado facilitó presuntamente las preguntas del examen a Antonio del P.V., quien a su vez se las habría entregado a otros conocidos suyos en Las Palmas de Gran Canaria, entre ellos la acusada Carmen D.M.
Paulino O.R. habría hecho lo mismo con otros acusados, quienes se encargaban de distribuir los exámenes bajo precio en otras comunidades autónomas. En el caso de que los amigos o familiares hubieran suspendido las pruebas, se alteraban los resultados de los exámenes.
Al mismo tiempo, el entonces director del Centro de Estudios Cumbre, José Luis A.G., se encargaba de facilitar los certificados académicos necesarios para el acceso a la Guardia Civil a los aspirantes que no tenían el título de secundaria.
El acusado expedía certificados de estudios a personas que ni siquiera habían estado matriculadas en el centro, que depende del colegio Ramiro de Maeztu.
ALTERACIÓN DE LOS RESULTADOS
Paulino O.R. habría hecho lo mismo con otros acusados, quienes se encargaban de distribuir los exámenes bajo precio en otras comunidades autónomas. En el caso de que los amigos o familiares hubieran suspendido las pruebas, se alteraban los resultados de los exámenes.
Al mismo tiempo, el entonces director del Centro de Estudios Cumbre, José Luis A.G., se encargaba de facilitar los certificados académicos necesarios para el acceso a la Guardia Civil a los aspirantes que no tenían el título de secundaria.
El acusado expedía certificados de estudios a personas que ni siquiera habían estado matriculadas en el centro, que depende del colegio Ramiro de Maeztu.
