MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Cámara de Comercio de Madrid respalda la reducción de plazos de cobro prevista en la nueva Ley de Morosidad que se aplicará a partir de 2013 y que obligará a las empresas a pagar en un plazo máximo de 60 días y las Administraciones públicas en 30 días y eliminará la posibilidad de que se puedan pactar entre compañías.
"Las pymes y los autónomos, sobre todo, no podemos hacer frente a las demoras que se vienen produciendo ahora de forma habitual tanto por parte de las empresas privadas como, lo que es más grave, por las Administraciones públicas", declaró el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Salvador Santos Campano.
Campano abogó por que entrara en vigor de manera inmediata y evitar el periodo transitorio hasta 2013, porque "es ahora cuando resulta muy necesaria para facilitar liquidez a las empresas, que puedan hacer frente a la crisis, y que evitemos así más quiebras y más aumento del desempleo".
Se trata de una modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Una vez entre en vigor esta modificación, las empresas tendrán que pagar en un plazo máximo de 60 días y las Administraciones públicas tendrán como tope 30 días. Además, queda eliminada la posibilidad de que se puedan pactar entre empresas.
Se ha fijado un periodo transitorio hasta 2013 para que las Administraciones públicas reduzcan sus plazos de pago: 50 días de máximo en 2010 y 2011, 45 para 2012 y 30 días a partir de 2013.
En cuanto a las empresas privadas, también hay un periodo transitorio hasta 2013. El plazo máximo será de 85 días hasta 2011, de 75 en 2012 y de 60 días a partir de 2013. Las empresas de alimentación y productos perecederos quedarán obligadas a pagar en 30 días en todos los casos.
Por otro lado, el presidente de la Cámara también manifiestó su satisfacción por el hecho de que el Gobierno haya aprobado un mayor apoyo a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), tal como venía reclamando Avalmadrid.
"Estas sociedades, presentes en todas las comunidades autónomas, se han mostrado muy activas en la financiación de pymes y de autónomos. Mientras que en 2009 la concesión de créditos a las pymes disminuyó un 26 por ciento en el conjunto de las entidades de crédito, el sistema de garantía recíproca consiguió un aumento del 12 por ciento, según datos del Banco de España", detalló.
Avalmadrid e Iberaval, Sociedades de Garantía Recíproca de la Comunidad de Madrid y de Castilla y León, respectivamente, habían solicitado al Gobierno, dentro de la Comisión Anti Crisis, que apoyase decididamente a las Sociedades de Garantía Recíproca en España, a través de CERSA, Compañía Española de Reafianzamiento.
Este organismo, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y participada por el Instituto de Crédito Oficial y Patrimonio del Estado, tiene como objeto social exclusivo reafianzar operaciones de las Sociedades de Garantía Recíproca.
El objetivo final es convertir a las SGR en verdaderos referentes de las pymes precisamente en momentos de restricción crediticia como el actual. En este sentido, Avalmadrid aprueba más del 80 por ciento de las propuestas que analiza, teniendo un crecimiento de actividad del 36 por ciento en 2009, año en el que aprobó más de 302 millones de euros en avales.
