La Comunidad se adhiere al Protocolo Marco de Colaboración de ámbito estatal sobre siniestralidad laboral

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha informado de que el Gobierno regional va a adherirse al Protocolo Marco de Colaboración de ámbito estatal sobre siniestralidad laboral, que en 2007 suscribieron Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo y la Fiscalía General del Estado.

De esta forma se adaptará al territorio regional al Protocolo para la Investigación Eficaz y Rápida de los Delitos contra la Vida, la salud Física de los Trabajadores y la Ejecución de las Sentencias Condenatorias, un documento al que posteriormente se incorporaron el Ministerio de Justicia, el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados sociales y los sindicatos CC.OO. y UGT.

Esta decisión se enmarca dentro del III Plan director en Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, y se ejecuta con la futura firma de un convenio de colaboración con el CPGJ, la Fiscalía General del Estado y los Ministerios de Justicia, Interior, Trabajo e Inmigración.

De esta forma se refuerza la cooperación técnica y material y la comunicación entre todos los organismos y administraciones que intervienen en la investigación de los accidentes laborales.

Para el Ejecutivo regional esto supone "un paso más del Gobierno para formalizar y reforzar la ya excelente comunicación y colaboración institucional" que mantiene con organismos e instituciones como los servicios de emergencia y sanitarios, la Guardia civil, la Inspección de Trabajo o las autoridades judiciales.

A través de este convenio de colaboración, se formalizarán las pautas y criterios de coordinación y cooperación para abarcar los distintos aspectos y situaciones que se producen en casos de accidentes laborales con resultado de muerte o lesiones graves o muy graves, infracciones graves o muy graves de la normativa de prevención de riesgos laborales y ejecución de las sentencias condenatorias por delitos de homicidio o lesiones producidos por imprudencia profesional.