En 2009 se recibieron 70.000 alarmas, de las que el 21,47% eran por artículos de puericultura y juguetes, y el 27% por electrodomésticos
MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid instó hoy al Instituto Nacional de Consumo (INC) a redactar una "mejora" en la "clasificación de los riesgos" de los productos comercializados en España para beneficiar "al consumidor", y reivindicó que se emplee "el sentido común" en materia de seguridad para evitar que objetos peligrosos puedan pasar por las aduanas del país.
Así lo explicó la directora general de Consumo de la Comunidad de Madrid, Carmen Martínez, en la presentación de las conclusiones del 'Primer Encuentro Europeo para la Protección de los Consumidores: Hacia una mayor cooperación transfronteriza en materia de seguridad', organizado por el Gobierno regional el pasado marzo.
Para ello, invitó al INC a "retomar la convocatoria de las reuniones mensuales de los grupos de trabajo de control de mercado y seguridad de los productos, que reúnen a todas las comunidades, para favorecer el intercambio fluido de información y la toma de decisiones en un mercado como el español, que debería ser único para las administraciones, al igual que lo es para muchas empresas e infinidad de consumidores".
Es decir, que el Ejecutivo madrileño solicitó la puesta en marcha de "un sistema estatal de comunicación de accidentes con el fin de utilizar los criterios de siniestralidad y reincidencia en la categorización de las alertas".
Además, reclamó un "mayor control de la información de la red de alerta", evitando que cuestiones técnicas de difícil comprensión para los consumidores puedan llegar a producir una confusión entre el producto alertado y la marca, llegando incluso a extender a todas las marcas de un tipo de producto la alarma.
"Para la Comunidad de Madrid es una cuestión de primera magnitud la responsabilidad de todos los agentes que tienen acceso a la información de la Red de Alertas Europea (Rapex) en la custodia de los datos que contiene", continuó Martínez de Sola, reclamando asimismo "un refuerzo en el control de las fronteras para evitar la entrada de productos peligrosos".
CLASIFICACIÓN ÚNICA
Por otra parte, Martínez reclamó una clasificación de riesgos "unitaria" para todas las comunidades autónomas como la que emplea la región madrileña, con la que "en menos de dos o tres horas" todos sus ayuntamientos saben qué producto será retirado nada más recibir una "alarma".
"No tenemos obsesión por introducir alertas, sino emplear el sentido común. Si no, se crea alarmismo. Este año ya ha habido entorno a 90 avisos, aunque (el dato) puede variar", concretó Martínez tras indicar que durante el año 2009 se retiraron "191 productos inseguros o peligrosos" y se recibieron "70.000 alarmas". "Esto supone que dos de cada diez alertas emitidas en toda España fueron realizadas por la Comunidad de Madrid", apostilló la responsable autonómica.
Entre las alertas notificadas por la Comunidad de Madrid, el 21,47 por ciento provenía de artículos de puericultura y juguetes. Los electrodomésticos y el material eléctrico alcanzan el 27,22 por ciento de los productos alertados. También destacaron las lámparas y otros artículos de iluminación, que representaron el 16,23 por ciento del total de productos, así como las relacionadas con vehículos y accesorios (9,95 por ciento), vestimenta de adultos (7,86 por ciento), y bicicletas y accesorios (3,14 por ciento).
El resto de las notificaciones se referían a diversos productos, como encendedores, herramientas, productos químicos, material escolar y artículos decorativos, entre otros. Durante 2009, se resolvieron 278 expedientes sancionadores relativos, en su mayor parte, a seguridad de uso, publicidad engañosa o la no atención de garantía.
DEFINICIÓN DE 'RIESGO GRAVE'
Por ello, la directora general de Consumo de la región reiteró que "es importante la clasificación de riesgo grave y que la clasificación de los accidentes sea unitaria. "No vale que se decida que todo sea muy grave o grave sin dar explicaciones", reprochó.
"La calificación del riesgo como grave es el punto clave de todo el sistema por el impacto, fundamentalmente económico y de imagen, que ello puede suponer para la empresa productora o importadora, y por el impacto en el consumidor, generando alarmas en ocasiones innecesarias", apostilló.
En este sentido, Martínez propuso que quienes llevan a cabo el control de los productos reciban "cursos de formación" para que la política sea la misma para todas las comunidades autónomas y que un producto no se retire en algunas regiones y en otras, no.
Al encuentro, organizado con la colaboración de instituciones como la Cámara de Comercio, CEIM o la Universidad Europea, acudieron responsables de Consumo de Estados Unidos, Canadá, Portugal, Francia y la Comisión Europea, así como representantes de asociaciones de empresarios, comerciantes, asociaciones de consumidores y expertos universitarios.
A lo largo de una jornada se intercambiaron y analizaron las acciones realizadas en política de consumo y protección de los consumidores, especialmente en materia de seguridad de productos, así como las futuras líneas de acción.
