Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo
MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un coronel de la Guardia Civil juzgado este martes por un presunto amaño en la licitación para adquirir más de 8.000 fusiles de asalto niega las irregularidades detectadas en el procedimiento, mientras que el instructor de la investigación de Asuntos Internos ratifica que se falsificaron documentos para simular la entrega de cinco armas de muestra y permitir que una empresa concurriera al contrato.
Según la investigación, los fusiles utilizados pertenecían a la propia Guardia Civil y fueron preparados, etiquetados y embalados para aparentar que habían sido aportados por la mercantil licitadora, pese a que el pliego exigía la presentación de cinco unidades idénticas al modelo ofertado.
El juicio ha arrancado este martes en la Audiencia Provincial de Madrid con las cuestiones previas y la fase testifical. La vista oral concluirá mañana con las declaraciones de los acusados y los informes finales.
El fiscal solicita cuatro años de prisión para el coronel por un delito de falsificación de documento oficial y para los otros dos acusados pide una pena de 18 meses de prisión. También ejerce acusación la Abogacía del Estado, en representación de la Guardia Civil.
En las alegaciones previas, la defensa ha aportado documentación sobre el suministro de las cinco armas de muestra exigidas en el procedimiento, así como un informe pericial que analiza las prescripciones técnicas del contrato.
Entre la documentación presentada figuran expedientes de contratación relacionados con los suministros de los que procedían las cinco muestras de fusiles, que, según sostiene la defensa, fueron suministradas por una empresa con la capacidad de proporcionar estos productos.
Asimismo, la defensa ha aportado un correo electrónico fechado el 6 de noviembre de 2019 en el que se informaba de que las muestras de fusiles estaban disponibles para su envío.
La documentación se completa con una prueba pericial elaborada por un especialista en armamento del Ministerio de Defensa, que analiza el pliego de prescripciones técnicas del expediente de contratación.
ARMAS DE LA GUARDIA CIVIL
Por su parte, el instructor del atestado de Asuntos Internos de la Guardia Civil ha expuesto que durante la investigación se comprobó que los cinco fusiles utilizados eran armas pertenecientes al propio cuerpo.
A raíz de estas comprobaciones, se elaboró el correspondiente atestado, que se elevó a Asuntos Internos y a la autoridad judicial ante la posible existencia de ilícito penal.
Según la investigación, se habrían falsificado documentos para simular, mediante recibos, la entrega de las cinco armas como muestras en el procedimiento de licitación, cuando, según esta tesis, no se llegaron a entregar las unidades en los términos exigidos por el pliego de contratación.
HECHOS JUZGADOS
Según la Fiscalía, el 11 de septiembre de 2019 el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó un anuncio de licitación emitido por la jefatura de asuntos económicos de la Guardia Civil cuyo objeto lo constituía la adquisición de un mínimo de 8.250 fusiles de asalto calibre para uso en diversas unidades.
El anuncio estaba sujeto al cumplimiento de una serie de prescripciones técnicas entre las que se otorgaba un plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación que expiraba el 30 de septiembre de 2019, así como la presentación de cinco unidades de muestra idénticas al fusil ofertado con una serie de características muy específicas.
Así, el 18 de septiembre de 2019, B. H. Z., en su condición de gerente de la empresa Uniformidad y Suministro de Protección SL, se reunió en el Cuartel de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada con las dos máximas autoridades, el coronel J. F. P. B. y con el teniente coronel G. J. P.
Durante la reunión les comunicó la imposibilidad de que su empresa pudiera presentar en el plazo señalado las muestras de fusiles reclamadas en el pliego de prescripciones técnicas.
Ante la ausencia de otras ofertas, y con la posibilidad de que el concurso quedara desierto, B. H. Z. y J. F. P. B. convinieron en utilizar como unidades de muestra cinco fusiles de la misma clase y calibre perteneciente a la Guardia Civil, "previa manipulación de los elementos de identificación de tales fusiles".
Ese mismo día el coronel ordenó a una brigada que le retirara del almacén central cinco fusiles de asalto para llevarlos al laboratorio balístico, donde se realizan las pruebas balísticas de las muestras que adjuntan los licitadores de los expedientes de contratación.
Además, el coronel se dirigió a una agente de la Benemérita destinada en la Oficina Técnica del servicio de Armamento y Equipamiento policial encargada de la recepción de las muestras presentadas por licitadores en los diversos expedientes de contratación a quien ordenó redactar un recibo de entrega de material "a sabiendas de que la empresa Uniformidad y Suministro de Protección SL no había presentado tales muestras".
Cinco días más tarde, el coronel, acompañado de un guardia civil que actuaba bajo sus órdenes, y del teniente coronel "con conocimiento de la actividad ilícita que iba a desarrollarse", se dirigió al laboratorio balístico donde procedieron al embalaje, precintado y etiquetado de los cinco fusiles.
En el desarrollo de esa actividad, estas tres personas se aseguraron de que en cada uno de los envases en los que había guardado un fusil de asalto, hubiera también dos cargadores de 30 cartuchos, una caja de conservación y transporte, un estuche de limpieza y un manual de instrucciones en castellano, para así cumplir con las condiciones del pliego de prescripciones de la licitación.
Igualmente procedieron a estampar en cada uno de los envases una pegatina con el logotipo de la empresa Uniformidad y Suministros de Protección y una referencia al número de expediente de licitación para el que la muestra se entregaba, encima de los adhesivos que cada envase ya tenía previamente y donde se identificaba el número de serie de cada fusil de asalto y la titularidad de la Guardia Civil de cada uno.
Una vez realizado el etiquetado y contando la empresa Uniformidad y Suministros de Protección SL con el recibo de entrega de la muestra de fusiles en el Servicio de Armamento y Equipamiento Policial, la acusada procedió a presentar su oferta de licitación el 27 de septiembre de 2019 al concurso anunciado en el BOE el 11 de septiembre de 2019 al que se adjunto el recibo de entrega de la muestra de fusiles firmado por el acusado , al ser uno de los requisitos imprescindibles para poder acceder a la licitación.
