Actualizado 21/12/2012 20:02 CET

Derecho a Vivir pide a la Comunidad que no destine fondos públicos a practicar abortos

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Derecho a Vivir ha pedido a la Comunidad de Madrid que no destine fondos públicos a practticar abortos, ya que asegura que los madrileños "son obligados a pagar 6.112.000 euros de los impuestos para engordar las cifras del negocio del aborto".

Según un comunicado de la plataforma que cita datos de la Consejería de Sanidad, "en la Comunidad de Madrid fueron abortados 24.448 ciudadanos, con cargo al erario público en un 54,4 por ciento".

A partir de ahí, han calculado que a una media de 500 euros por aborto, "los madrileños han sufragado con 6.112.000 euros la muerte cruel y violenta de casi 25.000 nuevos madrileños que nunca lo serán".

"No tiene sentido que quienes pagamos nuestros impuestos en la Comunidad de Madrid hayamos despilfarrado más de seis millones de euros en engordar el negocio sangriento del aborto", ha señalado la portavoz de Derecho a vivir, Gádor Joya.

A su juicio, además, "resulta muy preocupante que año tras año la Comunidad de Madrid haya ido aumentando el porcentaje de gasto en aborto, pasando de subvencionar el 16,8 por ciento en 2003 al 54,4 por ciento en 2011, mientras que se recortan de manera notable la ayuda a la Red de Madres creada por la propia Comunidad de Madrid para ayudar a mujeres embarazadas en dificultad".

Finalmente, critica el "retraso permanente" en la publicación de las cifras anuales por parte del Ministerio de Sanidad y "la falta de transparencia en la publicación de las cifras del aborto".

Para Joya, eso "sólo puede responder a una estrategia compartida por las diferentes administraciones por ocultar la tragedia que, año tras año, va aumentando en nuestro país desde 1985".

Fuentes de la Consejería de Sanidad consultadas por Europa Press se han remitido a la ley del aborto, que en su artículo 19.2 dice: "Si el servicio público de salud no pudiera facilitar en tiempo la prestación, las autoridades sanitarias reconocerán a la mujer embarazada el derecho a acudir a cualquier centro acreditado en el territorio nacional, con el compromiso escrito de asumir directamente el abono de la prestación".