MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de la Comunidad de Madrid (FAPA) Francisco Giner de los Ríos se preguntó hoy, ante la última sentencia del Tribunal Supremo que anula una orden de 2004 sobre selección de colegios bilingües, si la Comunidad de Madrid hace caso a los servicios jurídicos de la Consejería de Educación.
"Muchas son ya las sentencias que le quitan la razón al Gobierno regional y a su Consejería de Educación por múltiples cuestiones", señaló la FAPA, quien indicó que esta situación impone que los responsables de la Consejería den amplias explicaciones al respecto de todo ello y "cambien su actitud, volviendo a la senda de respetar la legislación vigente y el marco procedimental al que están sujetos legalmente".
En esas explicaciones, esperan encontrar, entre otras cosas, respuestas a, por ejemplo, si se hace caso de los informes de los servicios jurídicos de la propia Consejería de Educación, o a si se hacen las normas en clave de objetivos políticos "sin hacer caso de los informes jurídicos cuando estos no apoyan dichos objetivos".
"Cabe pensar que no se hace caso de los informes, salvo cuando estos dan la razón a los responsables del Gobierno regional y a su Consejería de Educación", apuntó la Federación, quien señaló que, por ejemplo, la Comunidad, con la Ley de Autoridad, se opuso a la extensión a los docentes de la privada porque había informes jurídicos que lo desaconsejaban "pero sólo 72 horas después se aprobaba el texto incluyendo a dichos docentes, obviando entonces los informes jurídicos y su contenido".
La FAPA lamentó que se tenga que llegar a esta situación, "cuando sería mejor hacer las cosas bien desde el principio, pero para ello hay que respetar la legislación vigente y el marco democrático" del que se ha dotado España. Así, se preguntó si "tanta sentencia en contra" pasará factura a algún responsable político madrileño.
"Apostamos a que no, pero sería bueno que, al menos, cambiaran de actitud y tuvieran en cuenta las opiniones de quienes defendemos la educación pública madrileña y el marco democrático que debe regular el conjunto de nuestra participación y convivencia", concluyó.
