MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Madrid no actuará de oficio en el caso de espionaje al vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, al implicar delitos que deben ser denunciados a instancias de parte. Pese a ello, cree que no hay material suficiente que pueden determinar la existencia de hechos delictivos en el seguimiento a González.
En una entrevista a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, el fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, insistió en que la investigación se iniciará sólo si se presenta una denuncia. "Si se presenta, se hará el trámite que se hacen para todas las denuncias. Examinaremos los hechos y comprobaremos si suponen o no indicios que puedan derivar en una acción penal. Entonces, se actuará en consecuencia", reseñó.
Moix incidió en que del material aportado por el diario 'El País' no se infiere ninguna actividad que sea constitutiva de delito. "Por ahora, hay un seguimiento de una persona. Y un seguimiento mientras no vulnere o incida en derechos fundamentales de la persona seguida no es delito", apuntó.
Según el fiscal superior, no se "han infringido los derechos" del vicepresidente. Agregó que es "una persona pública" y que "hay un interés de las actividades de esta persona".
En cuanto al acceso de manera ilegal a documentos de González, Moix precisó que en las informaciones publicadas "no consta" este extremo. "Si fuera así, sí sería delito", recalcó, en el caso de que hubiera existido "una injerencia o intromisión en la intimidad o comunicaciones de esta persona".
"NO HAY DATOS FEHACIENTES"
En la misma línea, el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban, explicó a Europa Press que "no hay datos fehacientes para abrir una investigación" de oficio respecto a la supuesta red de espionaje dirigida por el consejero de Presidencia, Francisco Granados, y los seguimientos con cámara oculta a González.
Esteban apuntó que "no es un hecho delictivo que se grabe a una persona pública" y "sólo está acreditado que le tomaron unas fotos". "Sólo ha sido afectada su imagen por lo que es él quien tiene actuar en el caso de que así lo estime", manifestó respecto al vicepresidente.
Por otra parte, respecto al asesor Marcos Peña, supuestamente jefe de la red de espionaje a las órdenes de Granados, el fiscal destacó que se trata de un "nombramiento con publicidad", por lo que se ha producido "dentro de las actuaciones ordinarias de la Consejería". "Si nos llega alguna denuncia, con documentación, sí se procedería a una investigación, pero necesitamos un indicio mínimo de delito", destacó.
"Hoy por hoy no hay nada. Ahora bien, si nos remiten documentación, la estudiaremos y la valoraremos. En principio, no hay hecho delictivo. Podrá ser correcto o no, pero no es delito", consideró Esteban.
