La FMM exige un "refuerzo inmediato" de 1.500 policías y guardia civil ante el "deterioro" de la seguridad en la región

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Madrileña de Municipios (FMM) ha hecho un llamamiento al Gobierno de España para que refuerce de manera "inmediata" las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil con al menos 1.500 nuevos agentes ante el "deterioro" de la seguridad en la región y que, a su juicio, queda reflejada en el último Balance de Criminalidad.

Así lo ha manifestado la presidenta de la FMM, Judith Piquet, según un comunicado de la FMM en el que la también alcaldesa de Alcalá de Henares asegura que "los ayuntamientos están haciendo su parte" para reforzar la seguridad, si bien el Gobierno central los deja "solos frente al aumento de la criminalidad".

En concreto, Piquet demanda 1.500 nuevos efectivos, un refuerzo específico contra bandas y narcotráfico, mayor presencia de la Guarida Civil en municipios más pequeños, una mayor coordinación operativa entre policías locales, así como un fondo estatal dirigido a apoyar la seguridad municipal.

El Ministerio del Interior dio a conocer a principios de mes los datos oficiales de la evolución de la criminalidad en el primer trimestre, un informe que evidenció un aumento del 2,3% de la delincuencia en la región, impulsada especialmente por la subida de homicidios, secuestros, riñas y tráfico de drogas.

"La realidad es que aumentan simultáneamente homicidios, tráfico de drogas, violencia grupal y delincuencia organizada", ha advertido Piquet, que apunta directamente a municipios como Alcorcón, Alcalá de Henares o San Sebastián de los Reyes, entre otros. Mientras tanto, acusa al delegado del Gobierno, Francisco Martín, de estar "instalado en la propaganda".

60 MILLONES ANUALES CON PARTIDAS ESTATALES

La FMM ha defendido que esta propuesta es "perfectamente viable" a nivel presupuestal, y ha subrayado que todas las medidas planteadas deben financiarse íntegramente con fondos estatales sin costes para la Comunidad de Madrid ni los ayuntamientos.

"La seguridad ciudadana, la gestión de los procesos de regularización, el control administrativo y la financiación derivada de decisiones migratorias del Gobierno de España son competencias y responsabilidades que debe asumir el Estado", reza el escrito.

Los cálculos de la FMM apuntan a que la incorporación de estos nuevos 1.500 agentes tendrá un coste de unos 60 millones de euros anuales, una cantidad que consideran asumible e inferior al 1% del programa estatal de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.

Para financiar esta partida, la FMM propone reordenar parcialmente el programa de Seguridad Ciudadana, reducir el gasto político "accesorio", recortar en campañas de publicidad institucional, racionalizar las estructuras administrativas y optimizar gasto burocrático de la Administración.

Asimismo, proponen que parte de los fondos recuperados en grandes operaciones contra el fraude fiscal y el crimen económico se destinen a seguridad. En concreto, Piquet ha aludido al presunto fraude del 'caso Hidrocarburos', que ascendería a más de 182 millones de euros con la que podrían financiarse más de tres años de este refuerzo de seguridad.

"Si el Estado ha sido capaz de movilizar cientos de millones para rescates empresariales o ha permitido perder cientos de millones en grandes fraudes, también puede encontrar recursos para proteger a siete millones de madrileños", ha añadido Piquet, que de nuevo ha comparado la inversión de este plan con lo que supuso el rescate de la compañía aérea Plus Ultra.

Así, considera que "el problema no es económico", sino las "prioridades políticas" del Gobierno de Pedro Sánchez.

FONDO PARA MUNICIPIOS CON "PRESIÓN MIGRATORIA"

Finalmente, Piquet ha reclamado la creación de un fondo extraordinario dotado inicialmente con 15 millones de euros para municipios madrileños afectados por "presión migratoria y procesos de regularización".

La FMM prevé el refuerzo de Ayuntamientos necesitados en materia de servicios sociales, convivencia, seguridad, limpieza, atención administrativa, mediación comunitaria y recursos educativos; y repartirá los fondos en función de población atendida, presión sobre los servicios municipales, nivel de escolarización, necesidades de convivencia y costes extraordinarios derivados de atención social.

"La inmigración necesita control, planificación, integración y recursos. Lo que no puede hacer el Gobierno de España es tomar decisiones desde un despacho y trasladar después toda la presión económica y social a los ayuntamientos", ha reclamado Piquet.

La organización prevé financiar estas ayudas con partidas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, fondos europeos gestionados por el Estado y gracias a la reordenación de subvenciones estatales vinculadas a programas migratorios.

"Los ayuntamientos no pueden pagar dos veces: primero soportando la presión sobre sus servicios públicos, y después financiado con sus presupuestos decisiones que adopta el Gobierno de España", ha zanjado Piquet, que abunda en que "la seguridad ciudadana no entiende de ideologías".

Así, exige al delegado del Gobierno que "deje de actuar como ariete político contra Madrid y empiece a ejercer realmente sus responsabilidades en materia de seguridad. "No pedimos confrontación, perdimos recursos y soluciones. Los vecinos quieren tranquilidad, no excusas", ha zanjado.