MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Madrid no puede rescindir el contrato con una de las empresas imputadas en el caso Gürtel --Valoriza Servicios Ambientales, anteriormente Sufi, adjudicataria del servicio de limpieza viaria en el distrito de Moratalaz-- en cumplimiento de la Ley de Contratos hasta que no haya sentencia firme , como ha asegurado este martes la directora general de Gestión Ambiental Urbana del Ayuntamiento de Madrid, Fátima Núñez, en la comisión ordinaria del ramo.
Núñez ha defendido que, entre las causas de resolución de contrato según la Ley, "no está que el responsable de la empresa haya sido imputado". "Sólo si hay una sentencia firme condenatoria sobre delitos especificados en el artículo 20 (de la Ley de Contratos) no cabría la posibilidad de que esta empresa pudiera contratar de nuevo con la Administración pública", ha apuntado.
Y es que, como ha añadido, la actuación del Ayuntamiento "se ha atenido a la ley respetanto la legalidad del contrato hasta el año 2012", cuando finaliza el periodo de diez años de concesión prorrogable por un ejercicio más. A eso ha sumado la directora general que la empresa viene prestando el servicio encomendado "sin que haya incumplimiento para rescindirlo".
El contrato en cuestión fue adjudicado en septiembre de 2002 después de que Sufi ganara el concurso público, es decir, como ha insistido Núñez, esa adjudicación se produjo antes de que llegara al Gobierno municipal el actual Ejecutivo, presidido por Alberto Ruiz-Gallardón.
Dos años después, en diciembre de 2004, se modificó el contrato eliminando las cláusulas relativas al control de calidad y las campañas de concienciación ciudadana mientras que en junio del año pasado se aprueba una nueva modificación en aplicación de las medidas de reducción del déficit público. Esto supone un recorte en el coste de servicio municipal.
En este punto, Fátima Núñez ha defendido que, mientras el Gobierno municipal aporta toda la documentación del contrato tanto al juzgado como al PSOE, los socialistas hacen lo contrario "con numerosos expedientes relacionados con la corrupción que tienen con los ERE en Andalucía".
Ante esto, el portavoz socialista de Medio Ambiente, Pedro Santín, quien ha llevado este asunto a la comisión, ha declarado que el caso Gürtel y los ERE en Andalucía "no son homologables". Ha esgrimido que allí "hay un proceso judicial abierto a instancias de la Junta, que es quien denuncia las irregularidades, y aquí ha sido la policía la que ha entrado a buscar la documentación (en dependencias municipales)".
CASO DE "CORRUPCIÓN Y COHECHO"
Santín ha afirmado que en Madrid podría darse un "caso de corrupción y cochecho en la ajdudicación de un contrato de limpieza viaria en Moratalaz", por lo que ha exigido al equipo de Gobierno por qué se adjudicó como se hizo el contrato y por qué "no se ha rescindido cuando el responsable está imputado por cochecho en el Gürtel y reconoce haber pagado un millón de euros en Suiza para conseguir la adjudicación".
"Si no hacen nada para esclarecer esto, en la prática tapan las actividades de empresas vinculadas a Gürtel porque conocen estas fechorías y que desde 2002 hay pagos irregulares para obtener la adjudicación en contratos de limpieza municipal", ha acusado el socialista. El PSOE ya pidió en su momento la celebración de una comisión de investigación, petición reitada en la comisión.
El edil socialista ha afirmado que es urgente lanzar un "mensaje claro" desde el Consistorio, que es que "todos sepan que quien obtenga un contrato con el Ayuntamiento de manera irregular o con malas artes no tendrá beneficio económico con ello", ha zanjado.