ALCOBENDAS 15 May. (EUROPA PRESS) -
Un juzgado de Alcobendas ha ordenado el desahucio de los okupas de la calle Largo Caballero de Alcobendas para el 19 de mayo, lo que ha provocado que algunos se hayan concentrado a las puertas del Ayuntamiento para exigir una vivienda social en la localidad, según ha dado a conocer la PAH Alcobendas-Sanse y ha confirmado el Consistorio.
Estos vecinos llevan desde octubre ocupando ilegalmente esas casas, de las que sus inquilinos originarios tuvieron que marcharse porque la convivencia con ellos se hizo imposible, después de que la empresa propietaria se desentendiera de la gestión al entrar en un proceso de disolución.
En ese tiempo, la Policía Locacl ha mantenido una presencia constante y ha realizado más de 100 actuaciones y enviado decenas de diligencias a los Juzgados de Instrucción de Alcobendas, que ya se han pronunciado con una orden de desahucio.
La PAH AlcoSanse ha manifestado que no puede tolerar desalojos a familias vulnerables sin solución habitacional, por lo que han exigido la suspensión temporal del desalojo y el uso social de los pisos vacíos en manos de entidades especuladoras, para las familias que no puede acceder a un alquiler de mercado.
"Desesperados por ser desahuciados al quedar en paro, por vivir en furgonetas o hacinadas varias familias juntas, y no recibiendo solución del IVIMA o Ayuntamiento, hace menos de un año okupamos un piso en suelo público que, en vez de ser alquilado, llevaba muchos años vacío porque su promotora quebró.
Casas sin gente, viviendas especulativas sin el uso social que deben tener. Un techo para nuestros hijos, para una segunda oportunidad en la vida. Que aun así no todos tenemos la comida resuelta, pero sí techo", ha señalado Fátima, una de las personas que ha ocupado una de las casas.
Las afectadas por el desahucio son 62 familias, con 100 menores a su cargo, de las que 33 familias exponen que no tienen un sitio donde ir después. "Necesitamos tiempo y alternativas", han subrayado.
"Es inhumano echar a una familia de su techo si no tiene otro donde habitar con sus hijos. Hijos que amenazan con quitarnos, creando un problema mayor, para que huyamos. Pues no, acampamos: queremos su apoyo para un alquiler social. Somos personas precarias, no delincuentes. La estafa es esta crisis cuyos culpables siguen forrándose", han dicho.
Por su parte, el portavoz del gobierno municipal de Alcobendas, Ramón Cubián ha recordado, en declaraciones a Europa Press, que el edificio ocupado pertenece a una empresa privada que tenía inquilinos en régimen de alquiler y viviendas vacías que fueron ocupadas ilegalmente de forma masiva. "La situación generó conflictos de orden público y los inquilinos que vivía egalmente en el edificio pidieron amparo al Ayuntamiento", ha recordado.
Cubián ha subrayado también que el PSOE fue quien hizo público el caso de la ocupación y pidió al gobierno municipal que actuara pese a saber que la orden de desalojo solo puede provenir de un Juzgado. "Una vez que esto se ha producido, son ahora los ocupantes ilegales los que acampan frente al Ayuntamiento pidiendo vivienda social", ha explicado.
Ante esto Cubián ha aclarado que "haber hecho ocupaciones ilegales no les da preferencia sobre otras familias en situaciones complicadas y además se ha producido efecto llamada y familias de otros municipios han venido a ocupar viviendas en este edificio".
"Aunque Servicios Sociales atenderá todas las situaciones, no es justo que se vuelquen recursos municipales a personas de otras localidades recién llegadas, cuando ya hay muchas necesidades en Alcobendas. Son los propietarios particulares los que han solicitado el desalojo ante la ocupación ilegal y ha garantizado que los Servicios Sociales está atendiendo y atenderán los casos de emergencia social que conocen y que han estudiado uno a uno", ha puntualizado.