MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
Un total de 89 familias y 398 personas viven en el poblado chabolista del Gallinero, en la Cañada Real Galiana, mientras que 121 familias habitan en Las Mimbreras y 171 en el asentamiento de Santa Catalina, según datos revelados esta semana por el director gerente del Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS) de la Comunidad de Madrid, Javier Ramírez Caro, durante la Comisión de Medio Ambiente y Vivienda celebrada en la Asamblea de Madrid.
Caro recordó el protocolo firmado el pasado octubre entre el Ayuntamiento de la capital y el Gobierno regional para acabar con los núcleos chabolistas del Cañaveral, Las Mimbreras, Santa Catalina y El Ventorro, con los que se podrían beneficiar 499 familias si cumplen los requisitos. Así, el director gerente del IRIS señaló que con el proceso del Cañaveral se han realojado a 67 familias (53 en 11 distritos de Madrid y el resto en 14 municipios de la región).
En total, 292 personas, 134 de ellas menores edad. En esa zona, el Ayuntamiento aprobó la reparcelación del terreno, donde nacerá un barrio de 14.000 viviendas con zonas verdes y polígonos industriales.
Este año los trabajos del IRIS siguen en el poblado de Santa Catalina, en Puente de Vallecas, donde viven 171 familias (más de 700 personas, 380 de ellas menores de 16 años) y en Las Mimbreras, habitadas por 121 familias. Respecto al poblado gitano rumano de El Gallinero, el director gerente sólo adelantó que se ha 'censado' a 89 familias y 398 personas.
Según explicó Caro, para conseguir estos objetivos se lleva a cabo una inspección exhaustiva de las construcciones y se identifica a las familias que allí viven, que deben aportar la documentación requerida para valorar el cumpliento de los requisitos. El responsable del IRIS explicó que no sería una buen política dar viviendas a cualquier ocupante de una chabola sin el cumplimiento de las condiciones, ya que crearía "un efecto llamada" de otras regiones españolas y europeas.
El perfil de los habitantes de una de las infraviviendas actuales es una familia de recién casados con hijos y se da con frecuencia entre familiares de personas ya residentes en una vivienda de promoción pública.
Por otro lado, Caro indicó que el IRIS cuenta actualmente con 252 viviendas vacías, que se adaptarán para que puedan vivir en ellas las familias realojadas procedentes de la erradicación de estos poblados chabolistas del convenio firmado con el Ayuntamiento. En este punto, el director gerente reconoció el problema de ocupación ilegal de algunas viviendas vacías del Instituto, que tildó de "una desgracia social y una faena", por lo que citó a la Delegación del Gobierno en Madrid para atajar el problema.
Por último, Caro señaló que otra labor del IRIS es trabajar en los barrios, proporcionando apoyo educativo, seguimiento escolar y sanitario y talleres de empleo a esta población trasladada, en la que se benefician más de 2.000 personas, la mitad menores de 16 años. "La Comunidad no sólo hace una apuesta importante por dotar de vivienda a estas personas, sino para que se integren completamente en la sociedad madrileña", agregó.
CHABOLISMO EN OTRAS ZONAS DE LA REGIÓN
Durante su intervención, la diputada del Grupo Parlamentario Socialista, María Antonia García Fernández, pidió al director gerente del IRIS un mapa del chabolismo en Madrid e información sobre el plan de ejecución del Instituto de Realojo en esta legislatura. Además, indicó que, analizando el informe del CES sobre esta problemática, el número de infraviviendas en 1998 se situaba en 1.855, mientras que en 2008 era de 1.037. "Si contamos las que se olvidan incluir de la Cañada Real (Galiana), podría haber más que hace diez años", apostilló.
Fernández criticó que se hable de la erradicación del chabolismo histórico de Madrid con la firma del último convenio entre el Ayuntamiento y la Comunidad, cuando "el grado de ejecución del IRIS es del 15 por ciento y cuando existen más infraviviendas en Las Barranquillas, en la Chirimolla, en el Río Guadarrama, entre otros puntos, sin contar con el chabolismo en altura".
Asimismo, también se quejó del elevado precio que paga el Gobierno regional para comprar suelo para este tipo viviendas, 1.200 euros el metro cuadrado, y alertó del problema de los pisos vacíos y de su ocupación ilegal. "¿Por qué se gastan millones en un servicio de seguridad para que no se 'okupen' las viviendas, si luego los vecinos son los que tienen que hacer de guardias para evitar okupaciones'?. No están para eso, sino para vivir con dignidad", apuntó.
Por su parte, la diputada madrileña del Grupo de Izquierda Unida Reyes Montiel explicó que los habitantes de un poblado que se quedan sin vivienda en un realojo por no cumplir los requisitos acaban construyendo otra infravivienda en otro lado, con lo cual, en su opinión, el problema "sólo se está cambiando de lugar, por lo que se crean micropoblados".
Montiel aprovechó su intervención para pedir a la Comunidad que acelere el procedimiento legislativo sobre la Cañada Real y afirmó que la desafección de la vía pecuaria "no implica que se desentidad del realojo y de la integración de las personas que allí viven", entre ellas las del poblado de El Gallinero.
Por último, el portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Medio Ambiente replicó a los grupos de la oposición asegurando que en los ayuntamientos donde ellos gobiernan se paga a los chabolistas para que se vayan. Así, indicó el caso de Rivas Vaciamadrid, cuyo Consistorio "pagó a los chabolistas rumanos para que se fueran y acabaron en el distrito madrileño de Fuencarral". "O en Leganés, donde les pagaron el billete a Madrid, les metieron esa pensión y no sabemos que ha ocurrido con estos señores", dijo.
