Actualizado 13/03/2012 14:26 CET

Piden que se inhabilite al alcalde de Coslada nueve años

Audiencia de Madrid
Foto: EUROPA PRESS

El fiscal pide que se le inhabilite nueve años para el empleo y cargo público

   MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El jefe de la Alcaldía de Coslada, Fernando Alonso Barahona, ha declarado este martes en el juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid que no se ejecutó la sanción impuesta al entonces jefe de la Policía local, Ginés Jiménez, por faltas graves al estar prescrita, un extremo del que se ha opuesto el abogado del propio Ayuntamiento.

   El alcalde del municipio, Raúl López, se sienta en el banquillo de los acusados desde ayer por un presunto delito de prevaricación. En la última sesión, el fiscal ha mantenido la solicitud de pena de nueve años de inhabilitación al quedar acreditado que ordenó, mediante la firma de un documento, que no se ejecutara la citada sanción.

   Por su parte, la acusación particular ha solicitado que se le condene a nueve años de inhabilitación y a cuatro años de prisión por malversación de caudales públicos. El abogado de esta parte ha indicado a Europa Press que el Ayuntamiento nunca archivó el expediente sancionador al estar prescrito ni dictó resolución de caducidad.

   Los hechos se remontan cuando el Ayuntamiento de Coslada inició en 2000 un expediente contra Ginés Jiménez, que consideró al ex jefe policial autor de seis faltas graves.

   Según el fiscal, el alcalde de Coslada, Raúl López, no procedió a dictar resolución alguna tendente a ejecutar las sanciones impuestas por Decreto de la Alcaldía de fecha 23 de febrero de 2001. Estas sanciones fueron confirmadas en parte por el TSJM, impidiendo el alcalde de manera efectiva que las sanciones se cumplieran. Los hechos fueron denunciados por los socialistas.

UNA SANCIÓN PRESCRITA

   En la sesión, el jefe de Alcaldía y asesor jurídico del Equipo de Gobierno ha indicado que se aconsejó al letrado desistir de un incidente de ejecución para que se hiciera efectiva la sanción impuesta a Ginés, puesto que en su opinión estaba prescrita a los seis meses de no ejecutarse.

   Además, ha reconocido que entonces el expediente a Ginés era "un tema menor" y no prioritario, ya que había hasta más de cuarenta expedientes abiertos en el Ayuntamiento. "No sabíamos que ese señor iba a ser famoso cinco años después", ha aseverado en alusión a la implicación de Ginés en el 'caso Coslada' sobre una presunta trama de corrupción policial en esta localidad.

   Asimismo, ha insistido a la Sala que el alcalde de Coslada jamás dio instrucciones en temas jurídicos y ha añadido que él no tenía competencia para ordenar a ningún funcionario, pero sí para aconsejar sobre procedimientos jurídicos.

   Por su parte, el abogado del Ayuntamiento ha asegurado que el Consistorio manejaba en la época de los hechos un plazo de prescripción de dos años del citado expediente, contradiciendo la versión del jefe de Gabinete.

   A preguntas sobre si le constaba que hubiera un resolución de archivo de la sanción, el letrado ha aseverado que no y ha añadido que entonces no se planteó.

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