MÓSTOLES, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Pleno de la Corporación de Móstoles ha aprobado hoy, por unanimidad, una moción del Partido Popular para solicitar al Gobierno de la Nación que suprima la prohibición genérica de endeudamiento de las Entidades Locales para el ejercicio 2011, por una limitación de la misma.
Además, la Corporación ha pedido, según el vicealcalde, Daniel Ortiz, que esta supresión se realice atendido a la modificación del artículo 14.2 del Real Decreto Ley 10/2010 y de acuerdo con las siguientes condiciones: por un lado, que los Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares se comprometan a coadyuvar a la reducción del déficit público y al control del crecimiento de la deuda pública, y por eso asuman la necesidad de controlar el crecimiento de la deuda local, en función del volumen de deuda de cada uno de ellos en el momento actual.
Por otro lado, tomando como referencia el stock de deuda de cada entidad a 31 de diciembre de 2010, calculado conforme a los criterios del Protocolo de Déficit Excesivo, --metodología aplicada por el Banco de España y por el Banco Central Europeo--, las Entidades Locales no podrán iniciar nuevas inversiones en 2011 financiadas con endeudamiento, pero sí podrán continuar financiando con este recurso la ejecución de los contratos, incluidos los plurianuales, que hubiesen sido adjudicados antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2010.
Sólo en el caso de las obras cofinanciadas con recursos externos a la Entidad Local, podrá acudirse a su financiación con endeudamiento, con independencia de cual sea su fecha de adjudicación. Otra de las condiciones es reivindicar una financiación justa y suficiente para las haciendas locales que permita mantener el nivel y calidad de los servicios que prestan en beneficio de los ciudadanos.
Por ello, Ortiz ha adelantado que el Ayuntamiento dará traslado de este acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias, que, a su vez, lo hará llegar al Ejecutivo Central.
Asimismo, ha recordado que en el marco de los compromisos asumidos por nuestro país frente a la Unión Europea, el pasado 20 de mayo, se aprobó el Real Decreto-ley 8/2010, por el que se adoptan medidas extraordinarias para reducir el déficit público, con la finalidad de acelerar tanto en 2010 como en 2011 la reducción inicialmente prevista en la actualización del Plan de Estabilidad y Crecimiento 2010-2013, aprobado por el Consejo de Ministros de 29 de enero de 2010.
"Más allá de las medidas concretas recogidas en el citado Real Decreto-Ley, éste supone una llamada al compromiso de los diferentes niveles territoriales de la administración a la consecución de un objetivo que debe ser compartido por todas ellas. Este llamamiento ha sido plenamente asumido por los Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares, que a través de su participación en la Comisión Nacional de la Administración Local han hecho suyo el objetivo de estabilidad para 2010, así como la estimación de déficit para el conjunto de las corporaciones locales en los próximos ejercicios y el umbral de déficit por debajo del cual no será precisa la presentación de un Plan Económico Financiero, que habían sido propuestos por el Gobierno de España", ha indicado.
Sin embargo, en su opinión, "la responsabilidad que se exige a las Entidades Locales y que lealmente éstas asumen, no puede suponer, en ningún caso, la vulneración de la autonomía local, garantizada por nuestra Carta Magna, ni puede suponer una restricción a la actuación de las mismas proporcionalmente muy superior a la asumida por el Estado y por las Comunidades Autónoma".
Así, el artículo 14.2 del Real Decreto-ley prohíbe a las Entidades Locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas, endeudarse a largo plazo a lo largo de 2011, sin que exista ninguna limitación similar ni para las Comunidades Autónomas ni para la Administración General del Estado, que seguirán incrementando su endeudamiento a lo largo del citado ejercicio.
Al respecto, ha indicado que teniendo en cuenta que está previsto que en 2011 el conjunto de las Corporaciones Locales alcance un déficit máximo del 0,8 por ciento, "no parecen existir razones que justifiquen la imposibilidad de que ese mismo sector pueda incurrir en un endeudamiento por un importe equivalente, ya que en caso contrario éstos estarían abocados a liquidar sus presupuestos, en la mayoría de los casos con Remanente de Tesorería negativo, generando importantes tensiones de tesorería, con el consiguiente perjuicio para el conjunto de la economía".
Asimismo, según su criterio, "debe tenerse en cuenta que, dado el escaso peso de la deuda municipal en el conjunto de la deuda de la Administración pública española, la variación de la misma (tanto si se incrementa como si se reduce) resulta muy poco relevante, máxime si tenemos en cuenta los incrementos de deuda previstos por la Administración General del Estado para 2011. En síntesis, desde un punto de vista práctico la reducción del stock de deuda que se derivaría de la citada prohibición, sería prácticamente irrelevante".
"Por el contrario, la aplicación de la citada prohibición en sus términos actuales no afectaría sólo a las nuevas inversiones proyectadas para el futuro, sino también a todas aquellas que actualmente se encuentran en ejecución, de forma que se generarían importantísimos costes adicionales derivados tanto de la obligación de indemnizar a los contratistas como del deterioro físico que sufrirían las obras en curso durante el tiempo de su interrupción", ha añadido.
Por otro lado, para él, "a lo anterior se une la pérdida económica que se derivaría de la imposibilidad de acometer o concluir proyectos cofinanciados con recursos externos a la Entidad Local, viéndose algunos ayuntamientos incluso en la obligación de devolver los importes ya percibidos al no poder justificar la liquidación del proyecto en el plazo autorizado", ha señalado el vicealcalde.
"En consecuencia con todo lo anterior, en el seno de la FEMP, concretamente en la Comisión Ejecutiva, se adoptó por unanimidad la decisión de someter en todos los Plenos de los Gobiernos Locales españoles un acuerdo por el que se inste al Gobierno de España a modificar la actual redacción del artículo 14.2 del Real Decreto-ley 8/2010, de forma que respetando la autonomía financiera de los Ayuntamientos quede garantizado su compromiso con la reducción del gasto público y la inversión", ha concluido Ortiz.
