PP cree que la ley del Aborto es "inhumana, inconstitucional e injusta"

Actualizado 05/07/2010 16:00:38 CET

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, David Pérez, considera que la nueva la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo "es inhumana, inconstitucional e injusta".

"Es el mayor retroceso democrático en treinta años de Democracia porque por primera vez se establece que un grupo de personas, las no nacidas, pueden ser eliminadas de forma terrible y sin derecho a defensa alguna", asevera en un comunicado.

A juicio de Pérez, "es inhumana porque reduce al ser humano no nacido a la categoría de deshecho y como tal es eliminado sin tener en cuenta sus derechos, ni siquiera en los términos establecidos por el propio Tribunal Constitucional".

"Cada persona tiene derecho a vivir su vida", defiende Pérez, que indica que "los gobiernos no pueden negarle ese derecho, sino garantizarlo". Además, apunta que "por eso es también inconstitucional, porque ataca el artículo 15, que dice que todos tienen derecho a la vida, y no añade 'salvo que lo decida ZP por razones puramente sectarias'".

Pérez ve "injusto que el Gobierno sólo ofrezca a las mujeres más aborto, en vez de más ayuda para que puedan sacar adelante a sus hijos". Así, asegura que "esta Ley es el mayor fracaso de la política social".

"Es injusto que el Gobierno arrebate a las familias de niñas de 16 años la posibilidad de ayudarlas y orientarlas, incluso de enterarse al menos de que van a abortar, una decisión de la que muchas se arrepentirán toda su vida", añade.

A su juicio, "el PSOE quiere convertir a los médicos en cómplices de esta barbaridad, contraria a su juramento hipocrático, y por eso la Comunidad de Madrid va a preservar el derecho de objeción de conciencia de médicos y profesionales". Asimismo, apunta que "la ley es tan improvisada que no iba en el programa electoral del PSOE, y tan chapucera que aprobó los decretos de desarrollo hace solo una semana".

"Esta Ley terrible no debería ser aplicada en ninguna democracia, pero mucho menos sin que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su inconstitucionalidad", afirma.

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