Se refiere a la "oscura expresión" contenida en el auto de que el juez "hace suya la argumentación jurídica del Ministerio Fiscal"
MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular ha presentado un escrito en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) solicitando al juez instructor del "caso Gürtel", Antonio Pedreira, que aclare si él asume personalmente la existencia de indicios de cohecho impropio y delitos electorales que se desprende de los informes aportados por la Fiscalía Anticorrupción sobre las relaciones entre empresas de Francisco Correa y la Administración valenciana.
Concretamente, el PP quiere que el instructor del caso confirme si asume o no los postulados y delitos apuntados en los informes aportados la Fiscalía o simplemente se ha limitado a inhibirse de la investigación en favor del tribunal superior valenciano, por afectar a aforados que competen a la jurisdicción de dicha comunidad autónoma.
El escrito de tres páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, se presenta "antes de formalizar recurso alguno" contra el auto del juez del TSJM y ante la necesidad de aclaración de la expresión "hacer suya la argumentación jurídica del Ministerio Fiscal" empleada por Pedreira en su auto.
Según la defensa letrada del PP en esta causa, el auto "no desarrolla ninguna fundamentación jurídica de la decisión", sino que se limita a afirmar que el magistrado instructor hace suya la argumentación jurídica del Mininisterio Público "sin más matizaciones ni precisiones".
EL FISCAL VA MÁS ALLÁ DE LA COMPETENCIA
El PP destaca la "trascendencia de tal declaración respecto de eventuales recursos o solicitudes de nulidades", y subraya que el informe de la Fiscalía Anticorrupción contiene "deducciones, apreciaciones y valoraciones que van mucho más allá de lo que se corresponde con una mera argumentación jurídica en orden a determinar una competencia".
Por ello, "desea que el instructor aclare si con esa oscura expresión se pretende hacer exclusiva referencia a que se asume la parte del razonamiento del fiscal relativa a la procedencia de la inhibición, o si por el contrario se quiere sostener que se consideran como propios todos los términos del informe presentado".
En su auto, Pedreira explicaba que su inhibición estaba dirigida a evitar la prescripción de los supuestos delitos electorales y ante la posibilidad de que haya una hipotética conexión entre los presuntos delitos que se investigan en Valencia y los investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La inhibición ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Valencia no supone prejuzgar sobre la responsabilidad penal de las personas aforadas y responde a la imposibilidad de que el TSJ de Madrid conozca de proceso alguno contra aforados que no sean de la Comunidad Autónoma madrileña, según advertía el juez en su auto.
Esta decisión se produce después de que hace unas semanas el Tribunal Supremo acordara reabrir la causa contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la Comunidad Valenciana una vez que el magistrado instructor sobreseyera la causa al entender que no había delito.
Pedreira aludía en su auto a un informe de la unidad de auxilio judicial de 13 de abril de 2010 en el que se pone de manifiesto diversas irregularidades en dicha contratación, en cuyos expedientes intervinieron algunos de los imputados en el procedimiento que se sigue en Valencia. Asimismo, solicitaba la acumulación de los delitos electorales correspondientes a las elecciones celebradas en la Comunidad valenciana el 27 de mayo de 2007.
En este punto, el juez aludía a un informe de la AEAT de 6 de mayo de 2010 en el que se ponen de manifiesto diversas irregularidades en la contratación, contabilización y facturación entre Orange Market S.L. y el PP de la Comunidad valenciana.
"La participación de Ricardo Costa Climent en estos hechos podría determinar una diferente valoración jurídica de los regalos percibidos por el mismo, y que son objeto del procedimiento tramitado ante el TSJM de Valencia", recoge el auto de Pedreira.
NUEVOS DATOS
Según el auto, el avance producido en los últimos meses en el análisis de la documentación hallada en los registros practicados y en la documentación remitida por distintos entes públicos, ofrece "nuevos datos y determina una valoración nueva de los hechos objeto de esta causa en orden a la atribución de la competencia".
Así, la resolución resaltaba que "la correcta calificación jurídica de los hechos atribuidos a los imputados en el procedimiento" de Valencia impone "su investigación conjunta con la contratación de Orange Market S.L., tanto con el PP de Valencia como la Administración de dicha comunidad autónoma", a fin de "comprobar la posible relación entre los regalos investigados y los cargos de Rafael Betoret, Víctor Camps, Ricardo Costa y Francisco Camps.
