MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid no descarta recurrir la futura Ley de Autoridad Pública del Profesor elaborada por el Gobierno regional, que se aplicará a todos los docentes de centros públicos, concertados y privados, por contemplar, a su juicio, algunos puntos "ilegales" respecto a la vulneración de competencias estatales.
"Nosotros consideramos que hay aspectos como los que pretende la Ley de Aguirre que no tienen ni marco legislativo autonómico ni tienen posibilidad de aplicación. Por tanto, claro que estudiaremos las posibilidades de recurrirla en su caso", indicó la portavoz del PSOE en el Parlamento madrileño, Maru Menéndez.
En este sentido, uno de los portavoces adjuntos, Adolfo Navarro, explicó que las normas estatales ya recogen la autoridad pública para los funcionarios docentes mientras que Esperanza Aguirre extiende este concepto "sin tener competencia para ello a los concertados y privados cuando es imposible que ella regule ese tema" a través de una ley autonómica.
"Simplemente es ilegal, no pueden hacerlo", añadió Menéndez, quien apuntó que, no obstante, lo importante ahora, cuando plantean su enmienda a la totalidad a este proyecto de ley, con un texto alternativo, es su "voluntad de propuesta y aportación". "Lo que hacemos es un llamamiento al PP y al Gobierno de Aguirre para negociar y para que asuma un modelo de refuerzo de autoridad profesional y moral que tenga el eje de la mejora de la convivencia", señaló.
Así, ahora en las comisiones, "como hay tiempo de negociar", su objetivo es llegar a un "equilibrio" entre lo que ofrecen los populares y lo que quieren los socialistas. "Queremos poder negociar el texto alternativo y lograr ser eficaces y que no se implante un modelo autoritario y que nada tiene que ver con la mejora de la convivencia escolar", añadió, en relación a que no quieren que la ley que salga de la Asamblea lo haga con los votos exclusivos del PP.
Tras presentar su propuesta, destacó que hay dos grandes diferencias entre su texto y el de Esperanza Aguirre. "La ley que planteamos los socialistas madrileños tiene como objeto el refuerzo a la autoridad del profesorado para lograr la mejora de la convivencia en los centros educativos mientras que la ley de Aguirre se queda en un eslogan que no lleva aparejada ningún tipo de mejora efectiva para la mejora de esa convivencia escolar", apuntó Menéndez.
Por otro lado, señaló que la segunda diferencia es que la Ley de Aguirre "en ningún momento habla de los recursos y los medios que son necesarios para la inversión en la educación madrileña" y los socialistas consideran que mientras que no se mejoren las ratios en las aulas, las condiciones del profesorado y todos los aspectos que tienen que ver con la propia tutela institucional de los centros educativos, "es imposible que se avance en la mejora de la convivencia escolar en los centros".