MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, defendió hoy en el Congreso que la rectificación del decreto ley de medidas de ajuste aprobado el pasado 19 de mayo para retrasar hasta enero de 2011 de la prohibición a los ayuntamientos de endeudarse a largo plazo, se debió tan sólo a un "error" corregido a través de un mecanismo "de uso habitual, necesario e intrínseco" y negó haber sido desautorizada en su versión de lo sucedido por las declaraciones del jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero.
En respuesta, durante la sesión de control al Gobierno, al diputado del PP Miguel Barrachina, Salgado recalcó a demás que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "dijo exactamente lo mismo que figura en el BOE" del 25 de mayo acerca de este asunto. "Advertidos errores, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones", citó.
Hace dos semanas, Zapatero señaló que "sólo cuando se gobierna hay que rectificar" y aseguró que el retraso en la fecha, inicialmente fijada para el mismo momento de la entrada en vigor de la norma, es algo "perfectamente comprensible". "Nosotros asumimos que rectificamos, un principio que creo que está bien para gobernar", dijo.
Así, Salgado, que desde el primer momento aseguró que se había tratado de un error, negó haber sido desautorizada por las palabras de Zapatero y aseguró que, aunque es exigible la "máxima diligencia y concreción", las correcciones son inevitables.
EL PP CORRIGIÓ 1 DE CADA 3 DECRETOS LEY
Por este motivo, Salgado acusó a los 'populares' de utilizar las correcciones de errores con el único interés de "tapar con una anécdota" la grave actuación del PP al votar contra la convalidación de la norma "olvidando el riesgo que podría suponer para España" y reveló que el PP conocía la norma un día antes de su publicación en el BOE "y no dijeron nada".
Asimismo, aseguró que en el caso de los Gobiernos del PP alcanzaron a un de cada tres decretos leyes, en torno a un 28%, algunas calificables de "disparates colosales" como correcciones de decretos ya convalidados por el Congreso. Mientras que en la anterior legislatura del PSOE, el porcentaje sólo llegó al 17,1%.
